el proyecto de los Presupuestos vascos para 2014 que fue aprobado ayer en el Consejo de Gobierno que preside el lehendakari Iñigo Urkullu se basa en los fundamentos de un mayor margen de déficit y una mayor presión impositiva, de los que se deriva un aumento de 899 millones de euros. Conocidas las líneas generales del proyecto presupuestario, la reforma fiscal supone a través de las aportaciones de las haciendas forales poco más de la mitad de esa cantidad de ese incremento, algo que se antoja imprescindible para un eficaz desarrollo de la propia acción de gobierno y para cuadrar un balance con vocación de incidir en los tres grandes ejes del empleo, la inversión pública y los servicios sociales. Estas cifras, después de las apreturas por las que han pasado las principales instituciones vascas ante los desplomes de las recaudaciones fiscales, otorgan ahora un respiro a las expectativas de la economía vasca. Y ofrecen, asimismo, un contexto favorable para la negociación de los presupuestos en la Diputación alavesa y en el Ayuntamiento de Vitoria, cuyos mandatarios populares Javier de Andrés y Javier Maroto dependen de que la entente fiscal entre jeltzales y socialistas pueda trasladarse al resto de las instituciones vascas. Ahora bien, el desafío que asume el Gobierno Urkullu con estos Presupuestos no es baladí. La necesidad de una mayor presión impositiva se convierte en una exigencia para su Ejecutivo -y para sus potenciales socios parlamentarios- de compromiso para que los márgenes de las cuentas públicas se traduzcan en una reactivación de la economía vasca y, sobre todo, en la apertura de expectativas para afrontar el reto de la creación de empleo. En este sentido, el esfuerzo que avanza el proyecto del Gobierno Vasco en materia de empleo es notable, tanto que es el área con mayor crecimiento presupuestario, aunque queda por concretar qué parte de dicho crecimiento se destinará a las Rentas de Garantía de Ingresos. Y el capítulo inversor de las cuentas también presenta un esfuerzo añadido del 10% respecto a este año. Y en ambos casos, sin merma para el mantenimiento de los servicios públicos de cohesión social. Depende ahora de la capacidad del Gobierno de concitar acuerdos pasar de los números a la realidad.
