El despropósito jurídico que fue la denominada doctrina Parot no es una novedad. De hecho, aunque haya quedado sepultado bajo el eficaz andamiaje de la demagogia política, la justicia española no fue ajena a esa visión crítica y cinco de los once magistrados del Pleno del Tribunal Constitucional así lo hicieron constar en su sentencia de 2012. "La cuestión crucial no es la verificación de cómo se han aplicado unas reglas de juego, en este caso respecto al cómputo de la pena durante la ejecución de esta, sino si tales reglas de juego estaban ya establecidas como punto de partida y, por tanto, no podían modificarse". Este uno de los argumentos de los votos discrepantes de aquella sentencia, el principio jurídico de irrectroactividad. Ayer, Estrasburgo lo confirmó, amparando la demanda de la presa de ETA Inés del Río, que debería haber quedado en libertad en 2008 tras cumplir 21 años de prisión -de acuerdo al Código Penal de 1973, vigente cuando fue condenada- y, al aplicársele la doctrina Parot, su puesta en libertad se retrasó a 2017. Pero hubo también votos discrepantes en el Supremo. El firmado por José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez García y Perfecto Andrés Ibáñez, subrayaba que el "giro interpretativo" que suponía la doctrina Parot tenía mucho que ver con "la singularidad" y "sanguinario historial" del recurrente, Henri Parot, y el eco social y mediático derivado. Y añadía algo: "Como nadie ignora, una práctica común en la estrategia de las organizaciones terroristas consiste en inducir al Estado de Derecho a entrar en esa destructiva forma de conflicto consigo mismo que representa el recurso a medidas excepcionales". Su apreciación adquiere tras el fallo de la Corte de Estrasburgo todavía más relevancia. Primero porque la compungida comparecencia de ayer de los ministros Gallardón y Fernández Díaz es la imagen final que evidencia esas "medidas excepcionales", ese impulso político que ha alimentado en demasiadas ocasiones la lucha contra el terrorismo. Segundo, porque el fallo de ayer puede ser una oportunidad, la ocasión para desde el respeto al Estado de Derecho avanzar en un proceso de paz aparentemente bloqueado. Será un error si el Estado vuelve a caer en "esa destructiva forma de conflicto consigo mismo" dejando que enarbolen la bandera de defensa de la ley y la democracia quienes las han cuestionado mediante el asesinato.