EXISTÍA en el proyecto de ley del Gobierno español que reforma las administraciones locales una intromisión real y explícita en la estructura infraterritorial de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Foral Navarra. Con un modelo que las supeditaría directamente al criterio y estrategias del Ministerio de Hacienda, la reforma propicia incluso el desmantelamiento de entidades locales menores en base a un principio de estabilidad presupuestaria basado en prioridades definidas en Madrid. Frente a este proyecto se constituye una oposición minoritaria con poco o ningún margen de actuación frente a la mayoría absoluta del Partido Popular en Congreso y Senado. Se venía imponiendo, pues, un criterio de reforma de conveniencia estatal totalmente ajeno al principio de subsidiaridad, un principio contrastado en términos de eficiencia y que reivindica a las instituciones más cercanas al ciudadano. En medio de este panorama, el acuerdo negociado por el PNV garantiza que el régimen de las entidades locales de la CAV y Nafarroa siga estabilizado en el soporte de sus respectivas normativas forales de modo que el Ministerio de Hacienda no suplante desde la distancia funciones que corresponden a la relación de los ayuntamientos con las diputaciones. Esto asegura que cualquier iniciativa de criterio estatal deba canalizarse a través de un procedimiento de ámbito vasco que, en cualquier caso, las adecúe a la realidad de las instituciones vascas y a su funcionamiento autónomo y no se produzca una supeditación automática que exija su implantación. Con ello, se ha salvado una primera amenaza grave sustentada por la mayoría absoluta del PP. Frente a la decisión de pactar se han elevado reproches de PSE y Bildu. Los primeros critican la ruptura de la unidad de una acción opositora en torno al PSOE que no anticipa ningún rendimiento objetivo. El PSOE tiene su estrategia de oposición con su perspectiva española y el PNV la suya con perspectiva vasca; el PSE tendrá que decidir dónde está radicada la suya. En cuanto a Bildu-Amaiur, su oposición no puede ser más firme en términos reivindicativos ni menos útil en términos prácticos. La estabilidad institucional requiere más que la repetición de un discurso de insumisión a España que tampoco aplica en primera persona allí donde tiene ocasión de hacerlo.