el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas viene a España a ver si el Gobierno cumple con el deber de perseguir a los autores, cuando menos en el papel, y de compensar a las víctimas de los crímenes que tienen su origen en el golpe de Estado de 1936 y en el régimen franquista que le siguió. A no dudar, habrá dos versiones, la del Gobierno, mendaz y trapacera, que proclamará hacer todo lo que está en su mano, y la que clama por lo desasistidas que puedan estar las víctimas y sus herederos: 130.000 familias que no saben dónde están sus deudos. Se dice pronto. Miles de personas que batallan con cunetas, archivos, falta de medios materiales y una indiferencia social que en la práctica es una ofensa renovada.

El Gobierno se ha desentendido de esa visita como si no fuera con él, al igual que lo lleva haciendo desde hace meses con el juicio emprendido en Argentina contra la impunidad franquista -mientras en las trastiendas pone todas las trabas jurídicas y diplomáticas que puede- y lo que es un clamor internacional, en boca del más bobalicón y retorcido de los ministros de Rajoy, el policiaco Jorge Fernández Díaz, no pasa de ser un vago rumor de prensa, algo que ha oído por ahí y a lo que no ha prestado mucha atención. Lo que ha oído por ahí es un proceso al franquismo que ellos han impedido se pueda poner en pie en España.

La juez argentina que lleva ese proceso ha dictado orden internacional de captura contra cuatro notorios torturadores del franquismo, cuyas biografías han salido a la luz con todo lujo de detalles que han venido siendo hurtados a la opinión pública. Es una forma de saber lo que ha venido pasando en este país.

De entrada, el ministro Gallardón ha bloqueado la potestad de Interpol de detener a los reclamados desde el momento mismo en que recibe la orden internacional, remitiéndose a la maraña judicial que decidirá si esos maleantes van a ser o no detenidos. Una prueba más no de seguridad jurídica, sino de encubrimiento activo del franquismo.

Billy el Niño, capitán Muñecas... hay cientos como ellos que no han sido inquietados; al revés, que recibieron como premio a sus servicios prestados destinos y puestos de lujo y, en el peor de los casos, trato carcelario de favor. Fueron torturadores sistemáticos y cobraron por ello, como lo hicieron los miles de informadores de la Policía franquista que denunciaban a sus compañeros de taller, de la facultad, a los que frecuentaban en el bar o la taberna o a sus vecinos de barrio. De esto poco se ha hablado.

Hay miles de testigos de lo sucedido porque hubo miles de detenciones y de víctimas de malos tratos, torturas y palizas brutales y sistemáticas, ya fueran estudiantes, currelas del PCE o curas obreros. Que no se haya hablado de esto no quiere decir que no haya existido. Ese es justamente el problema: que no se haya hablado, que se haya preferido -como en el caso de la Guerra Civil- el silencio impuesto y más tarde la más mediocre puerta de escape: el perdón, el olvido, el pasar la página sin haberla escrito ni leído, el encubrimiento social y la complicidad de una sociedad franquista hasta las cachas, se pusieran el disfraz que se pudieran, hasta ahora mismo.

La jueza argentina que tiene en sus manos el proceso contra el franquismo ha dicho: "Es un deber de todos castigar los crímenes del franquismo". Eso está bien en teoría, pero buena parte de la sociedad española no suscribe esa frase porque está a favor no de pasar página, sino de encubrir el franquismo. Lo volverían a hacer. Lo volverían a amparar socialmente. Ahora mismo es llamativa la indiferencia social, el encogimiento de hombros, la manera en que se desacredita a las víctimas y pone en duda su testimonio.

El proceso emprendido por la jueza argentina tiene un resultado jurídico incierto. Conviene admitirlo desde ahora mismo, pero a cambio coadyuva de muy seria manera a que se mantenga viva y no apagada, edulcorada o relativizada la memoria de los crímenes y a que salgan a la luz los nombres de los protagonistas, desde Billy el Niño a Rodolfo Martín Villa, que lo condecoró para acallar, encima, las voces que denunciaban sus delitos, lo que ya es el colmo. Y es que esta es una historia llena de colmos, hasta ayer mismo, hasta hoy mismo. La transición fue una gran estafa que benefició sobre todo a los protagonistas de las infamias. Es preciso impedir que cuando menos Martín Villa se pasee con impunidad por Latinoamérica haciendo dinero a escondidas, que es como lo hacen todos, aprovechando las muchas oportunidades públicas que ha tenido para lavar su imagen con la complicidad de los medios de comunicación. Hay que sacar a la luz los delitos del capitán Muñecas, golpista y torturador, denunciados en balde por sus víctimas, como acaba de hacer la revista Argia.

Los torturadores, los protagonistas de las infamias, están desaparecidos en el entramado del sistema, amparados y favorecidos por los gobernantes de hoy. Hay que escribir con verdadero detalle la historia de lo sucedido. No cabe hablar de perdón ni de olvido que sólo benefician a los verdugos. Eso no es justicia, sino un abuso sostenido y redoblado.

Cuando menos la actuación de la juez argentina servirá para que la opinión pública pueda saber que en este país los torturadores no sólo fueron amnistiados, sino condecorados, ascendidos, aplaudidos y mantenidos en activo, que son tus vecinos y que por obediencia debida -pero también por placer perverso- lo volverían a hacer en la seguridad de ser pagados y aplaudidos.