EL Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha dado su plácet a las modificaciones del real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy sobre gestión del combustible nuclear que introducían la posibilidad de que una central pueda pedir una licencia de renovación desde el año de su cese si éste obedecía a razones económicas y no de seguridad. El asunto, quizá, podría quedarse en un capítulo más del BOE, si no fuera porque es más bien un capítulo más del folletín tramposo -y absolutamente ciego y sordo a los requerimientos básicos en materia medioambiental y de seguridad de las personas, así como al clamor social que los acompaña- que Nuclenor y el Ministerio de José Manuel Soria vienen protagonizando en torno a Santa María de Garoña. Este informe, avalando esa nada inocente modificación, se produce menos de un mes después de que el Gobierno publicara en el Boletín Oficial la orden de cierre de la central burgalesa añadiendo una coda inédita para dejar claro que la clausura de Garoña obedecía a motivos económicos. Esos motivos económicos no eran otros que la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética, cuya aplicación, según Nuclenor, suponía un aumento de los costes de Garoña en más de un 30%. Y no hay que olvidar que, 24 horas después de que fuera oficializado el cese de actividad el 6 de julio, la central anunció que no renunciaba "a la posibilidad de solicitar una renovación de la autorización de explotación de la central en caso de que las condiciones así lo permitiesen". Las condiciones, parece claro, son esos motivos económicos derivados de la Ley de Medidas Fiscales. Y ayer, el CSN añadió un capítulo más a esta escenificación encaminada, a todas luces, a lograr que Garoña vuelva a operar -el ministro Soria ha sido cristalino a la hora de expresar su deseo de que la central siga operando- a costa de que esos "motivos económicos" sean compensados o suprimidos de algún modo. El plácet del CSN -con el único voto contrario de la consejera propuesta por el PSOE Cristina Narbona y respaldado por el otro consejero designado por los socialistas, los dos del PP y el de CiU- allana el camino para, llegado el momento, revertir el actual estado de cese de actividad. La única duda parece ser cuándo y cómo.