VITORIA aprobó anteayer el borrador de la ordenanza del uso de la bicicleta en la ciudad después de que el alcalde Javier Maroto acelerara la elaboración de una normativa que llevaba meses en estudio y que, en principio, iba a intentar aunar los deseos de todos los grupos políticos municipales y de todos los colectivos sociales directamente afectados, aunque con un éxito más bien relativo en este propósito. Sea cual sea el resultado de la aplicación final de la controvertida ordenanza, acabe como acabe esta historia que ya se alarga demasiado, el hecho de que Gasteiz se vea obligada a regular de manera restrictiva el uso de un transporte sostenible como la bicicleta y de cuya utilización pretende presumir dice muy poco bueno de la ciudad y de sus representantes políticos. Circular por la carretera o por la acera sólo requiere de dos cuestiones previas: conocer las normas de circulación, en el primer caso, y conducirse con sentido común, en el segundo, exista o no exista bidegorri. Lograr esto no es complicado. Bastaría con insistir en cursos de formación vial, en realizar campañas de información ciudadana y acompañar ambos recursos con una vigilancia no necesariamente punitiva, al menos en un primer momento. Visto que esto no es posible, llega el fracaso de tener que redactar una normativa específica y en este aspecto llueve sobre mojado. El alcalde ha vuelto a echar mano de su socorrido recurso de lanzar antes un globo sonda para tomar la temperatura de la ciudad y todo indica que, salvo a los peatones más innecesariamente belicosos, el hecho de limitar la circulación de bicicletas por el centro peatonal de la ciudad en horarios comerciales no ha sentado demasiado bien. Es difícil de entender que se coarte el uso de la bici en esas zonas cuando diariamente, al menos en varias de sus calles, el tránsito de camiones y camionetas de reparto es permanente; y para el peatón, un vehículo de cuatro ruedas a motor es más peligroso que uno de dos sin él, se mire como se mire. Y más allá de que la próxima norma de carácter estatal pueda obligar a modificar ésta que se avecina en aspectos como el uso del casco, cuestión también controvertida, conjugar la restricción del uso de la bici con la presunción de ser una ciudad verde convertiría esta última en petulancia.