el seno de la Unión Europea ya tiene su corralito, por muy parcial que lo quieran convertir los mandatarios de Bruselas. Esta controvertida medida es consecuencia directa -durísima para miles de ciudadanos- del acuerdo alcanzado en la madrugada de ayer tras diez horas de negociación por el Eurogrupo y el Fondo Monetario Internacional para el rescate de Chipre, cifrado en 10.000 millones de euros. El corralito supone, de hecho, la imposibilidad de los chipriotas de retirar el dinero que tengan depositado en los bancos. Sus propios ahorros. El término hizo fortuna en Argentina en 2001, cuando el gobierno del país sudamericano decretó duras restricciones a la libre disposición de los depósitos de los ahorradores. Ahora sucederá algo similar en la isla europea, con el fin de evitar que los ciudadanos retiren su dinero de los bancos ante la decisión tomada por el Eurogrupo de imponer una insólita quita a sus depósitos, que sufrirán una merma del 9,99% en caso de que la cantidad depositada supere los 100.000 euros y del 6,75% para los de menor cantidad. Es decir, que si un ciudadano tiene ahorrados en un banco chipriota 101.000 euros, automáticamente perderá 10.000 euros que, en principio, se destinarán a sufragar el rescate del país. Se trata de la primera vez que los ciudadanos de un estado europeo se verán obligados a contribuir de forma directa a pagar el rescate y supone un precedente peligroso en el seno de la Unión Europea, donde se han producido otros rescates como los de Grecia, Portugal, Irlanda y el de la banca española, sin que se hayan producido medidas similares. La decisión supone un castigo inmerecido a la ciudadanía -que la ha acogido con la lógica indignación- y un agravio comparativo que por mucho que tenga una explicación técnica está absolutamente alejada del entendimiento y los intereses de quienes no tienen culpa alguna en la crisis y aún menos en la necesidad de acudir a un rescate europeo, pero que paga literalmente sus consecuencias. De momento, el Gobierno español se ha apresurado a asegurar que el rescate de Chipre "no es extrapolable", aunque lo considera un "buen acuerdo". Lo cierto es que genera una inseguridad jurídica en la ciudadanía que puede terminar pasando factura.
