el sistema de financiación de las entidades locales alavesas viene establecido por la Ley de Aportaciones y la propia normativa foral, fundamentalmente el Fofel. Aunque el sistema pueda parecer muy complejo, puede resumirse de forma sencilla. De todo lo recaudado por la Diputación alavesa, ésta entrega al Gobierno Vasco el 70,04% y con el resto se financian la propia Diputación y las entidades locales.

En el caso alavés, de esa cantidad no entregada al Gobierno Vasco (el 29,96% de los recaudado), el 56% ha de hacerse llegar a las entidades locales, al establecerlo así la propia normativa foral. Para ello se utilizan dos mecanismos: el Fondo Foral de Financiación, que se dota con el 52,3% de los recursos disponibles del Territorio Histórico y que sirve para la financiación ordinaria de nuestras entidades locales, y el Plan Foral de Obras y Servicios, que se dota con el 3,7% de los recursos disponibles y llega a todas las entidades locales, excepto Vitoria-Gasteiz. Este es el mecanismo de financiación de nuestras entidades locales, a las que les corresponde por disposición legal al menos un 56% de los recursos disponibles de la Diputación Foral de Álava.

El PP ha intentado socavar este sistema y arrebatar parte de la financiación que les corresponde a nuestras entidades locales desde que Javier de Andrés fue nombrado diputado general con el apoyo entusiasta del PSE. Su estrategia es clara: trata de ahogar económicamente a las entidades locales para poner en duda después su pervivencia y justificar de este modo las políticas de Rajoy, que no pretenden otra cosa que la desaparición de muchos municipios.

Esta política del PP en Araba comenzó al poco iniciarse la legislatura. A finales de 2011 revocó más de 70 subvenciones concedidas a las entidades locales bajo el argumento de que correspondían a obras que no se habían iniciado en plazo. El importe de dichas revocaciones ascendió a 12.014.791 euros. Esa cantidad corresponde a financiación de nuestros ayuntamientos, concejos y cuadrillas por ley y en caso de revocarse las subvenciones debe volver a esa financiación local. Ese 56% de financiación mínima garantizado por ley no puede reducirse.

Sin embargo, tras revocar las subvenciones el PP decidió que esos 12 millones de euros estaban mejor en sus manos y no los devolvió a las entidades locales, sino que los dedicó a pagar deuda de la Diputación. El pasado lunes el diputado foral de Administración Local confirmó que el Gobierno que preside Javier de Andrés no piensa devolver ese dinero a quien le corresponde -nuestras entidades locales con la exclusión de Vitoria-Gasteiz- sino que ha tomado la decisión de quedarse con los 12 millones de euros.

Estos 12 millones de euros ha sido por tanto arrebatados a nuestras entidades locales sin justificación legal alguna y con el único objetivo de ahogarlas económicamente para justificar después las duras medidas que piensan adoptar tanto el Gobierno de Rajoy como el propio De Andrés y que pasan por la pérdida de competencias y hasta la desaparición de parte de nuestras entidades locales.

Durante lo que llevamos de legislatura el gobierno de Javier de Andrés ha repetido hasta la saciedad que nuestras entidades locales estaban arruinadas, llegando a decir incluso que estaban en quiebra. Sin embargo, poco o nada ha hecho por solucionar sus problemas económicos, sino que al contrario procura agudizarlos con decisiones como ésta.

La oposición en Juntas Generales dispone de mecanismos para forzar al PP a entregar a nuestros ayuntamientos, concejos y cuadrillas lo que les debe, para garantizar que esos 12 millones de euros llegan a sus verdaderos dueños, para impedir que De Andrés continúe con su política, que no tiene otro fin que socavar la capacidad económica y la independencia de nuestras entidades locales. Es nuestra obligación hacerlo.

Así las cosas, el PNV va a presentar una iniciativa para impedir este atropello, abierta a las aportaciones del resto de fuerzas políticas y que de resultar aprobada hará llegar 12 millones de euros a nuestro territorio, ayudará a aliviar los problemas económicos de nuestras entidades locales y dinamizará la economía revirtiendo directamente en el empleo.