EL anuncio de una nueva huelga para los primeros cinco días lectivos tras el fin de las vacaciones de Semana Santa del colectivo de 3.600 monitores de comedores escolares pertenecientes al servicio de gestión directa del Gobierno Vasco y subcontratado por éste, su incidencia en 460 centros educativos de carácter público y especialmente los trastornos en la siempre difícil conciliación que el conflicto ha causado durante dos años y aún causa a las familias de nada menos que 56.000 alumnos, exige un inmediato esfuerzo de las tres partes implicadas: sindicatos, patronal y Departamento de Educación. Y lo exige porque, cada uno desde su ámbito de responsabilidad, han sido incapaces hasta el momento de esbozar una solución. De hecho, ni siquiera han logrado acordar el desarrollo de la que sí se diseñó desde la Confederación de Madres y Padres de los Centros Públicos (EHIGE) y que está sobre la mesa nada menos que desde hace 17 meses. La equiparación salarial con el personal dependiente directamente del Departamento de Educación, el incremento de jornadas, la revisión de los ratios monitor/alumnos y la formación del colectivo que aún plantean los sindicatos ELA, LAB y UGT fueron también los principales ejes sobre los que pivotó aquel principio de acuerdo que, al parecer, no se ha cumplido. Sindicatos y patronal deben hacer un ejercicio de responsabilidad pero Educación, tras dos años de gestión -o de ausencia de ella- del conflicto de los comedores escolares, no puede escudarse en supuestas incumbencias anteriores ni hacerse a un lado ante la consideración de que el mismo sólo compete a los sindicatos y a las empresas adjudicatarias. Su obligación como administrador de un servicio público, especialmente cuando éste se dirige a la infancia y combina dos aspectos tan esenciales como la educación y la alimentación, es la de garantizar que responde a los parámetros de utilidad, calidad y necesidades que pretende y tiene la sociedad a la que sirve y que la subcontratación de dicho servicio no tiene incidencia negativa alguna en los citados parámetros. Encogerse de hombros durante dos años y dejar al albur de la pugna entre sindicatos y empresas la presunta -y a la vista de los hechos imposible- solución al problema es una simple dejación de su parte de responsabilidad, que tampoco en este caso es precisamente reducida.
