Hace unos días pudimos leer en algunos medios de comunicación el relato de Beatriz Etxeberria, presunta miembro del comando Otazua, en el que denunciaba las torturas y malos tratos a los que había sido sometida en el momento de la detención y los días siguientes.

Aunque resulte difícil abstraernos, pensemos por un momento que esta persona no pertenece a ETA, que es una buena ciudadana de cualquier pueblo de Euskal Herria y que, por error, ha sido detenida y ha sufrido lo que cuenta. ¿No nos parecería una injusticia horrible y exigiríamos ya mismo una aclaración y compensación por el daño sufrido?

Ahora imaginemos que realmente pertenece a ETA, que ha causado el daño del que se le acusa y que es verdad el relato de torturas que nos cuenta. Quienes defendemos el Estado de Derecho frente a la barbarie terrorista, las leyes frente al caos del terror, el diálogo frente a las pistolas y las bombas, el respeto frente a la tiranía ¿no deberíamos exigir con toda la firmeza de la que somos capaces, que sean respetados los derechos de esta persona, aunque ella no los respete?

Siendo coherentes con nuestros principios, debemos exigir al menos que se investiguen este tipo de denuncias. Si son una mentira, mejor y habremos actuado bien. Si son verdad y no hemos ni investigado, estaremos permitiendo que nuestro Estado de Derecho delinca, que actuemos como ellos y no estaremos deslegitimando una violencia que también es necesario deslegitimar. Quizás más aún porque esta violencia sí se haría en nuestro nombre y con nuestro consentimiento.

Investiguen las denuncias porque la defensa de la pulcritud del Estado de Derecho no es en absoluto incompatible con la infinita solidaridad hacia las víctimas del terrorismo.