TRAS meses de espera, por fin ETA ha declarado un alto el fuego permanente, general y verificable por la comunidad internacional. Un amigo me comentaba que ETA ha tardado demasiado tiempo en responder a la Declaración de Bruselas. Entiendo esta sensación, lo que no impide valorar el paso dado en su justa medida. Estamos indudablemente mejor y más cerca de la paz que en verano de 2009, cuando ETA mató a dos guardias civiles en Mallorca. El comunicado da para muchas interpretaciones. En cualquier caso, es necesario destacar una novedad, un reto y una reflexión.
A raíz del anuncio de ETA de aceptar la verificación internacional del alto el fuego han surgido muchas preguntas en torno a su articulación y funcionamiento. Evidentemente, sería muy importante contar para esta tarea con la colaboración del Gobierno. La información proveniente de los cuerpos de seguridad ayudaría a contrastar que realmente ETA respeta el alto el fuego.
Ahora bien, el principal valor de la verificación internacional reside en el papel que puede jugar como barrera de seguridad para impedir la vuelta de ETA a la violencia. ETA se lo pensará dos veces antes de romper el alto el fuego en contra de la opinión de los verificadores y de los firmantes de la Declaración de Bruselas, que han puesto en juego su apoyo y prestigio.
Además, representan el último sector internacional dispuesto a contribuir para que haya una salida ordenada al problema de la violencia. Sin ellos, en el futuro ETA no podrá contar con nadie que se implique y su aislamiento internacional será mayor.
Además de un alto el fuego definitivo, una oportunidad viable para conseguir la paz requiere de la legalización de Ezker Abertzalea. No se puede repetir el mismo error que en 2006, cuando las conversaciones estuvieron condenadas al secretismo como consecuencia de la ilegalización de Batasuna. La tarea de alcanzar la paz requiere de la participación de todas y todos. Mientras este sector político se encuentre ilegalizado, no tendrá las mismas oportunidades que el resto de formaciones políticas.
El Gobierno ya ha dado a entender que impugnará el nuevo partido de este sector político. Los tribunales serán los encargados de decidir sobre la legalización pero nada les obliga a hacerlo antes de las próximas elecciones. De hecho, es improbable que lo hagan en tan poco tiempo. Así, estas se pueden llegar a celebrar sin que haya una sentencia sobre la legalización, lo cual demuestra que la legalización depende principalmente de la voluntad política del Gobierno.
En este punto entra la trampa que el propio Gobierno está empleando. No dice de manera clara y nítida qué debe hacer Ezker Abertzalea para evitar la impugnación del registro del nuevo partido. Lo más parecido es la referencia a que se separen nítidamente de ETA, lo cual es un sinsentido. Gracias a que Ezker Abertzalea ha asumido el liderazgo e impulsado una estrategia por las vías pacíficas y democráticas se ha logrado, en buena parte, que ETA no haya tenido más remedio que ir dando pasos. Si ahora se separan totalmente de ETA, perderán esta capacidad de arrastre.
Otro dilema que está planteando el Gobierno es elegir entre votos o bombas. El problema reside en cómo demostrarlo si no hay atentados. No se puede condenar lo que no existe. Aquí el Partido Popular lo tiene claro: que condenen su pasado. Hasta el propio lehendakari Patxi López ha dicho claramente que no se les puede exigir más que al resto de partidos. En cualquier caso, la mejor receta para dificultar que el Gobierno encuentre justificaciones para mantener la ilegalización consiste en que Ezker Abertzalea mantenga la unilateralidad de sus decisiones, transmitiendo de la manera más clara posible su rechazo a la violencia, como ha venido haciendo hasta ahora.
Algunas voces se han apresurado a decir que no hace falta dialogar porque para eso ya están los parlamentos y que no se va a repetir una mesa de partidos como en 2006. Sobre este tema hay que clarificar varios aspectos.
Una vez finalizada la violencia, no desaparecerán todos los problemas como por arte de magia. Los desencuentros profundos sobre el marco político, la situación de los presos, el reconocimiento de todas las víctimas o la memoria sobre lo ocurrido estos años seguirán encima de la mesa y requerirán de un gran esfuerzo de diálogo y acuerdo. Es indiferente que se trabaje fuera o dentro de los parlamentos. Lo importante es que se aborden estos problemas porque debemos poner las bases para construir una convivencia pacífica e inclusiva en el futuro.
En 2006 no hubo una mesa de partidos sino un sucedáneo de esta. Tres partidos reuniéndose secretamente en un santuario no se parece en nada a las conversaciones de Irlanda del Norte. Una mesa de partidos requiere tres condiciones: la participación de todas las fuerzas políticas, ser oficialmente convocada y transparencia de cara a la ciudadanía. Hasta ahora nunca se ha intentado este modelo para buscar un acuerdo amplio sobre nuestro futuro.
Si se dan las condiciones de irreversibilidad (fin definitivo de la violencia y legalización), estaremos en un momento histórico para intentarlo. Oportunidades como esta hay que aprovecharlas.
