En Euskal Herria se está produciendo un aumento de la pobreza. La crisis se ha saldado con un considerable incremento del desempleo. El porcentaje de personas en paro que no percibe prestación está aumentando, y entre quienes tienen cobertura social se reduce el peso de las prestaciones contributivas y aumenta el de las asistenciales, cuyas cuantías son muy bajas.

Como consecuencia de esto cada vez hay más personas, más familias, que se las ven y se las desean para poder llegar a fin de mes, para poder vivir con dignidad. Por eso cada vez hay más gente que tiene que acogerse a la Renta de Garantía de Ingresos (antes denominada Renta Básica). Por eso cada vez son más las necesidades de acudir a las Ayudas de Emergencia Social, que en muchos casos se dejan sin cubrir simplemente por falta de presupuesto.

No parece que a Gemma Zabaleta, consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, le preocupe que su gobierno haya decidido recortar el gasto público en 2010 y en 2011, lo que supone más desempleo y más desprotección social. No parece tampoco que le preocupe que la cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos esté por debajo del umbral de la pobreza. Tampoco parece importarle la situación de la gente más desfavorecida, a la vista de que la dotación para Ayudas de Emergencia para 2011 (17,3 millones de euros) es igual a la aprobada al inicio para 2010, que tuvo que incrementarse a pesar de lo cual ha sido claramente insuficiente.

En fin, de las declaraciones públicas de la consejera no se desprende ningún interés por cambiar las políticas presupuestarias para encaminarlas a la creación de empleo o para mejorar las insuficientes coberturas sociales que están en sus manos.

Sin embargo, a Gemma Zabaleta se la ve muy enfadada con la gente que cobra estas prestaciones. Una semana dice que va a utilizar Lanbide para quitarles la prestación en determinados casos (es decir, para obligar a la gente en paro a aceptar cualquier empleo, aunque sea temporal a tiempo parcial y con un salario de miseria). Otra semana dice que en seis meses se va a inspeccionar a todo el mundo que cobra ayudas para que no haya fraude.

No se puede negar que haya algún nivel de fraude en la gente que cobra prestaciones sociales. Pero hasta ahora siempre se ha dicho que ese nivel es pequeño. ELA está en contra del fraude, faltaría más, pero está también en contra de esta campaña en la que se ha embarcado el Gobierno Vasco para tratar de asimilar percepción de ayudas sociales con el fraude. De esta forma el Gobierno trata de justificar los recortes que ha aplicado en estas ayudas (que han afectado a las cuantías y al colectivo beneficiario de las mismas). Esta campaña no nos parece menos inmoral que el fraude. Y hacerla desde los poderes públicos es algo inaceptable.

Pero es que en relación al fraude, desde las instituciones de la CAPV se da un tratamiento muy desigual. Para quienes perciben prestaciones sociales, 100% de inspección del Gobierno, más las inspecciones de los Ayuntamientos y Diputaciones. Sin embargo, con el fraude fiscal, mucho tacto, por no decir permisividad. Basta recordar los siguientes datos: en el Impuesto sobre Sociedades dos de cada tres empresas declararon en 2008 que tenían pérdidas, beneficio cero o inferior a 6.000 euros, aunque todavía no era año de crisis; la renta media declarada por quienes tienen actividades económicas en el IRPF es de 13.140 euros, 8.134 menos que lo que declaramos las rentas de trabajo; sólo se inspecciona al 1% de los 200.000 contribuyentes que tributan por rentas empresariales. Desde luego, no es para aplaudir a quienes desde las instituciones dan este tratamiento tan desigual al poder económico y a la gente más humilde.

Por último, cabe recordar a Gemma Zabaleta que la hemeroteca es muy peligrosa si no se mantiene un mínimo de coherencia. Ella misma el 23 de mayo de 2008, un año antes de llegar al gobierno, decía sobre el fraude en las ayudas sociales lo siguiente: "Denunciamos la irresponsabilidad que supone trasladar la alarma sobre la existencia de fraude en un colectivo perceptor de las ayudas sociales y del sistema que las gestiona... Los datos no arrojan fraude, por ningún lado… Entre fortalecer los sistemas sociales o poner detectives, tenemos muy claro por lo que apostamos".

También cabe recordar a la consejera las diversas proposiciones que desde la oposición planteaba para mejorar la cobertura de las prestaciones sociales. Por ejemplo, las que reclamaban equiparar la renta básica al Salario Mínimo o las que solicitaban que las AES fuesen consideradas un derecho, no condicionado a las disponibilidades presupuestarias.

Quien no tiene ningún empacho para decir una cosa un día y para hacer otra al día siguiente nos recuerda la célebre frase de Marx (Groucho) de que "yo tengo unos principios, pero si no le gustan no se preocupe, que tengo otros guardados". No nos merecemos un Gobierno basado en estos principios tan flexibles. ¡Y eso sí que es un fraude!