PONGAMOS que los motivos que los controladores aéreos esgrimen para tildar sus condiciones de trabajo de "esclavitud", como las calificaba ayer una de las trabajadoras en huelga, son ciertos. La democracia, el sistema constitucional, no sólo avala, sino que defiende el derecho de estos trabajadores a hacer uso de la huelga si lo considera oportuno. Al margen de lo que cobren o dejen de cobrar, al margen de que sus nóminas o sus condiciones laborales sean comparativamente mejores a las de la media de la masa laboral del país, por mucho que el argumento sea útil al ministro de Fomento de turno para movilizar los ánimos de los ciudadanos damnificados por el cierre del espacio aéreo y por una situación de crisis económica en la que, probablemente, muchos de los atrapados en los aeropuertos fueron, por ejemplo, parados o empleados con el sueldo congelado desde hace tiempo, o mileuristas. Pero el derecho a la huelga en una democracia está regulado, entre otras cosas para que el derecho no se convierta en abuso. Una convocatoria de huelga, por simple justicia al margen de cuestiones legales, debe ser comunicada y anunciada, a las autoridades pero también a la ciudadanía, aunque los controladores pudieran temerse unos servicios mínimos abusivos, lo que sería probable dada su labor estratégica para el país. Pero los derechos laborales, que tanto y con toda legitimidad defiende este colectivo, conllevan también unos deberes. Y con el ataque de ansiedad masivo y coordinado -además de inesperado, claro- que sufrieron a primera hora de la tarde del viernes, los controladores desatendieron sus deberes y abusaron de las herramientas de reivindicación laboral que les concede el sistema constitucional, coartando derechos básicos de la ciudadanía en cualquier democracia como el de la libre circulación de personas. Omisión del deber y limitación de derechos básicos a otros ciudadanos que se saldó ayer con una medida inédita en democracia, la declaración del estado de alarma, una situación de excepción prevista en la Ley como respuesta a catástrofes naturales o accidentes de gran magnitud, no para hacer frente al abuso de poder de un colectivo laboral que puede permitirse el lujo de secuestrar a todo un país.
