Ahora que las noticias se quedan viejas al día siguiente, hay una que en nuestro herrialde perdura ya desde hace 32 meses, más de dos años y medio: el conflicto, que ha derivado en huelga, de los trabajadores y trabajadoras de la residencia de Ariznabarra. Un día de huelga es demasiado para cualquier persona trabajadora, más en estos momentos de crisis económica, y estamos hablando de dos años y medio.
Es difícil pensar que en todo este tiempo no haya habido un momento para el consenso. Pero han sido meses en los que la empresa Quavitae bizi kalitatea-calidad de vida no ha movido un ápice su postura respecto a las demandas de las trabajadoras. Estamos seguros de que durante este tiempo se han producido innumerables reuniones y el resultado de las mismas es frustrante, posiblemente rayando lo indignante, ante la cerrazón de quien realiza las ofertas y hasta incluso amenazas en unos casos veladas y en otros explicitas. Así que cabría preguntarse calidad de vida de quién. La respuesta es calidad de vida y ganancias para los gestores de la empresa, pero dificultades para las trabajadoras; y decimos trabajadoras porque son mayoritariamente mujeres.
Mal que no se cura empeora, se suele decir, y así ha ocurrido aquí también, porque lo que comenzó siendo una reivindicación puramente laboral ha derivado en una pelea por la dignidad de las trabajadoras. La fuerza de quienes dirigen y se saben a salvo de pérdidas está siendo utilizada como ariete de escarmiento contra quienes se niegan a doblar la rodilla ante tanta prepotencia. El capital no debe volver a ganar en esta lucha desigual con una plantilla de mujeres reflejo de un sector altísimamente feminizado y, por desgracia, poco reconocido y mal pagado.
La situación que hemos podido ir conociendo durante este larguísimo proceso nos lleva a realizar dos reflexiones. La primera tiene que ver con este último aspecto, la relación entre sector en el que mayoritariamente trabajan mujeres y la precariedad. Porque éste sí es un problema de igualdad, ya que nos resulta muy difícil de creer que la huelga de una empresa en la que la práctica totalidad de la plantilla sean hombres hubiera tenido la misma atención de las instituciones y de los medios. Hace unos días se ha presentado el tercer plan de Igualdad y llevamos muchos euros gastados en planes, pero la realidad tozuda nos sigue mostrando la injusticia de un menor salario para la mujer trabajadora. Desde luego, la precarización y los bajos salarios son una constante en este sector, vital para nuestra sociedad del bienestar.
Y así llegamos a la segunda reflexión, sobre el papel de las instituciones. En opinión de EA, mientras dure el conflicto laboral, la Diputación debería haber actuando con mayor responsabilidad asumiendo un papel mucho mayor, intermediando activamente en la búsqueda de soluciones.
Porque, y aquí vamos a la clave de esta situación, quienes sufren esta huelga, además de las trabajadoras y su entorno, son las personas usuarias de la residencia. En los 32 meses de conflicto sólo han trascendido dos decisiones, cuanto menos cuestionables. La primera, no incorporar nuevos usuarios o usuarias mientras dure la huelga y, como consecuencia, nos encontramos con una residencia y centro de día con más del 50% de plazas vacantes y una larga lista de espera. Y la segunda, poner un servicio de inspección que garantice la buena atención a nuestros mayores, el optimismo inicial de esta idea ha caído en picado en los últimos meses. Tal vez si escarbáramos un poco más nos encontráramos con alguna sorpresa.
Sin dejar de resaltar la solidaridad que merecen las trabajadoras implicadas en tan larga huelga, también es cierto que merecen especial reconocimiento las personas que en el otoño de su vida son las sufridoras calladas de esta situación. Sufridoras por la mala gestión y calidad de la empresa adjudicataria de un servicio que nunca debió dejarse en manos privadas. No es entendible ni asumible que de la necesidad humana se extraiga rentabilidad económica. Nuestros ancianos y ancianas requieren asistencia, nosotros necesitamos ayuda para nuestros mayores y garantizar nuestra calidad de vida, pero esta necesidad no puede ser objeto de negocio.
Seguramente, esta situación no llegará a resolverse hasta que la Diputación de Araba no reconozca que los problemas derivan de una adjudicación mal gestionada, de una concesión a 50 años que fue y es una chapuza y que la empresa concesionaria no destaca por su buena gestión. No podemos cejar en el intento de recuperar tal concesión.
Por eso, una reflexión sobre la situación de huelga en la residencia de Ariznabarra debe terminar con un llamamiento a valorar en profundidad la necesidad o conveniencia de continuar subcontratando servicios públicos básicos. Cualquier subcontratación que se plantea se viste de ahorro económico, pero tal ahorro o se produce en los costes de explotación (sueldos, comida, inversión y mantenimiento) o en la calidad del servicio (ratio personal/cama), porque el beneficio que se embolsan los gestores no es negociable.
En EA creemos que por mucho ahorro económico aparente que a una institución le suponga la subcontratación de servicios, a la ciudadanía -usuarios y trabajadores- le termina saliendo caro. Ariznabarra es el mejor ejemplo.
