EL impacto de la crisis económica en la percepción subjetiva de la población está siendo brutal. Una reciente nota de prensa del Eustat, el organismo estadístico del Gobierno Vasco, relativa a la Encuesta de Condiciones de Vida parece que quiere despistar sobre el asunto señalando que "la percepción de las condiciones de vida de la población vasca se resiente en algunos aspectos con la llegada de la crisis económica (...) el clima social se resiente ligeramente. En cuanto a los recursos económicos, la percepción subjetiva de la situación económica pasa de buena a normal". Lo que no señala la nota, pero sí los datos de la encuesta, es que en 2004 el 54% de los vascos señalaba que su situación personal era buena, pero cinco años después se ha reducido? ¡al 4,5%! Una de cada cuatro familias ha tenido que reducir sus gastos en ocio, vestido y calzado, y una de cada 16 tiene problemas para garantizar su alimentación.

La encuesta también señala que estamos al borde de un incremento masivo de la pobreza, vinculado al incremento del paro; así, mientras en 2004 un 52% de las familias con el cabeza de familia en paro tenían dificultades para llegar a fin de mes, en 2009 eran ya un 72%. Por lo tanto, la población en su conjunto considera que el principal problema social, por encima de cualquier otro, es el desempleo masivo. También los representantes políticos de todos los credos y colores dicen compartir esta opinión. Por las decisiones que toman desmientan esta afirmación un día sí y otro también.

Hace poco se aprobó una reforma laboral, muy aplaudida por banqueros y sus intelectuales orgánicos. Pero una lectura sumaria del contenido de la reforma muestra con claridad que su objetivo no es facilitar la creación de empleo, sino abaratar el despido, presionar a los trabajadores para reducir el absentismo, crear nuevas oportunidades de negocio con las agencias de colocación privada y prolongar la precariedad del mercado de trabajo extendiendo el periodo de vigencia de los contratos en prácticas y manteniendo los incentivos a la contratación temporal, que no resulta más cara y sí mucho más barata a la hora del despido, incluso con las ayudas públicas y la rebaja generalizada del periodo de indemnización a los contratos indefinidos.

Por eso, resulta chocante que se critique la reforma porque haya aumentado el desempleo, cuando la misma facilita precisamente desprenderse de trabajadores de alto coste y cambiarlos por trabajadores jóvenes con dos masters y tres idiomas, dispuestos a trabajar por las propinas.

En 2008, cuando cada día 1.700 personas perdían su empleo en España y 64 en Euskadi, los gobiernos actuaron incrementando el gasto público en 18.800 millones de euros que complementaban el aumento del consumo privado, que fue de 17.100 millones, paliando así en parte el impacto del desempleo, que fue el resultado de una caída de la inversión productiva en 11.500 millones. Pero curiosamente, en 2009, cuando el consumo privado se desplomó cayendo en 25.600 millones de euros y la inversión se hundió en 58.900 millones, justo en ese momento, los políticos decidieron que había que contener el consumo público, que sólo creció en 10.500 millones. El resultado: durante 2009 cada día 3.300 trabajadores perdieron su ocupación, 138 al día en Euskadi.

En el primer semestre de 2010, la economía se mantuvo dentro de la gravedad: el consumo privado ha crecido en 12.300 millones de euros respecto al primer semestre de 2009, pero la inversión productiva se redujo en 15.000 millones. En estas circunstancias, las administraciones, aplicando la receta más nefasta que se pueda imaginar, deciden limitar el crecimiento del gasto público, que sólo aumenta en 1.000 millones de euros en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior y el consumo público y la inversión en 11.200 millones cada uno. En consecuencia, la destrucción de empleos se ha reducido, pero se mantiene todavía entre enero y septiembre en unos 360 ocupados menos al día. En Euskadi, se han generado 59 ocupaciones diarias en el mismo periodo, gracias a un comportamiento menos malo del consumo privado y de la inversión en 2009 respecto a España, y en el primer semestre de 2010, a que la caída de la inversión es la mitad que en España, y pese a un peor comportamiento del consumo privado (crece un 2% y en España lo hace a un 3,7%), el consumo público se mantiene y crece a un 2%, frente a solo un 0,3% en España.

La evolución del consumo privado y de la inversión son claramente insuficientes para frenar la destrucción de puestos de trabajo. Para hacerse una idea de la dimensión, recuperar el nivel de empleo que había en el cuarto trimestre de 2007, cuando se empezó a destruir empleo de forma masiva -en Euskadi el problema comenzó casi un año más tarde- requiere un nivel de consumo e inversión superior en 30.000 millones de euros al generado en el segundo trimestre de 2010.

Si el mercado es incapaz de generar el dinamismo requerido, ¿quién tiene que hacerlo? Obviamente, el sector público. Pero hete aquí que cuando más se requiere un esfuerzo especial por parte de las administraciones, cuando la lucha contra el paro reclama un plan de emergencia de creación de empleo, los gobiernos prometen no una, sino dos tazas de ajuste.

Si el mercado no puede o no quiere crear empleo, es obligación del Estado garantizar el bienestar de las personas y aprovechar su capacidad de generar riqueza creando empleo. Pero la receta que se aplica es justo la contraria: no sólo no se pone a los parados a producir bienes y servicios, sino que se les convierte en rentistas, generando una pesada carga sobre los que aún obtienen ingresos de su trabajo y pagan impuestos y cotizaciones. Se aplican medidas para abaratar el coste de la fuerza de trabajo (reforma laboral) en espera de que el mercado resuelva el problema, cuando el estancamiento de la inversión indica que el mercado no tiene ningún interés en generar empleos a corto plazo, al menos no de la forma masiva que se requiere por las dimensiones del problema. Para acabar de liarla, el Gobierno anuncia que quien manda no es él, sino los prestamistas internacionales que compran la deuda pública con la que se puede financiar a corto plazo el impulso necesario para promover el consumo y el empleo público. Como si la situación no reclamase actuaciones extraordinarias, y no sólo mendigarle al Deutsche Bank y al BNP Paribas para que compren más deuda española. Se trata de una excusa inexcusable, que sirve para la retirada del sector público del escenario, en aplicación de la conocida táctica del avestruz: mirar para otro lado, y confiar en que cuando se vuelva la vista la cosa se haya arreglado por sí sola. Y, como colofón, la oposición política oficial pone el grito en el cielo porque el ligero incremento del empleo en el periodo más reciente se debe al aumento del empleo público y promete que cuando gobierne será otra cosa, porque venderán en almoneda el sector público, resolviendo así el problema de la atonía inversora.

El guión está ya escrito. No sólo los economistas críticos, también el Fondo Monetario Internacional avisa que el estancamiento económico va a continuar durante el próximo año, el paro se va a mantener en niveles extremos y la inversión y el consumo privado seguirán en estado de coma. Más o menos como en la gran depresión de los años 20, cuando privaba la misma ideología económica que ahora hace estragos entre la clase política europea.