La amenaza de los controladores aéreos del Estado ha tenido ya el efecto de amargar las vacaciones a decenas de miles de ciudadanos pendientes de salir en vuelos con dirección a sus destinos de descanso o con billetes para regresar de éstos en la segunda quincena de agosto. Para hacerse idea del volumen de personas potencialmente afectadas, basta recordar los datos de las 4,3 millones de personas que hicieron uso de un avión entre el 30 de julio y anteayer en 28.391 vuelos. Durante el resto de este mes de agosto, el número de vuelos programados asciende a 173.525. Con todos esos ciudadanos pendientes de una tarjeta de embarque, los controladores aéreos han decidido esta semana habilitar a su sindicato para que convoque una huelga cuando los estime procedente y con la duración que considere para forzar la consecución de sus reivindicaciones. Y parece que este lobby ha decidido jugar la carta de la incertidumbre, sin querer concretar fechas ni la duración de los paros, como un elemento más de presión ante Aena y ante el Gobierno, mientras todavía se suceden las reuniones entre las partes. Esa incertidumbre puede ser más dañina para los usuarios y para las aerolíneas y las empresas del sector turístico que la propia huelga. Hacer públicos los días de paro limitaría a éstos las afecciones y permitiría a los usuarios ir buscando desde ya soluciones alternativas. Si en un lado de la balanza se pone el derecho de decenas de miles de ciudadanos a realizar sus viajes sin más contratiempos de los que ya sufren habitualmente en los aeropuertos y en el otro platillo situamos a un colectivo como el de los controladores aéreos, sometidos a una presión que ya conocían al elegir esta profesión, gratificada con unas condiciones laborales que firmaría la inmensa mayoría de los trabajadores los datos oficiales hablan de sueldos base de 170.000 euros, por 1.200 horas anuales, y retribuciones medias de 350.000 si se realizan horas extras, la desproporción es evidente. Todo trabajador tiene derecho a la huelga, pero también todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un periodo de descanso sin tener que estar siempre pendiente de que otros compañeros utilicen esa circunstancia como palanca de presión. Si los controladores no controlan su fuerza, difícilmente podrán esperar solidaridad alguna.