La reducción de 50.000 millones de euros en gasto público supone una vuelta más de tuerca a nuestro Estado de Bienestar que con tanto sacrificio hemos logrado los ciudadanos españoles en los últimos 30 años, y a los que por otro lado ya se nos anuncia una reforma laboral que incluirá el aumento de la edad de jubilación y el abaratamiento del despido; todo ello después de que mientras España tenía un gran crecimiento económico, los salarios subieran bajo mínimos.
Un mal llamado plan de austeridad, pues desde la Administración central no se plantea la reducción de publicidad institucional, de asesores, de coches oficiales, o la supresión de ministerios como el de Vivienda, tan poco efectivo, o de alguna vicepresidencia. Por no hablar de las comunidades autónomas. Ahí está Madrid dándose autobombo publicitario cada vez que concluye una obra de metro; o Cataluña, con previsión de abrir 35 consulados por todo el mundo. Al menos el documento abre una puerta a la esperanza al barajar "la posibilidad de suprimir organismos que supongan una reducción de gasto real", pero eso ahora no toca: ahora lo que corresponde es que los ciudadanos se aprieten una vez más -y van unas cuantas seguidas- el cinturón.
