posee una productiva industria cultural -un enmarañado entramado de empresas, negocios y sociedades participadas- y dispone de un avanzado aparato tecnológico y jurídico para controlar la difusión de contenidos, espiar a internautas y páginas web -e intervenirlas si es preciso-, perseguir el delito hasta en el último rincón, actuar como azote de piratas y fiscalizar actividades sospechosas en todos los municipios, por pequeños que sean. No es precisamente una central de inteligencia ni una sociedad secreta, aunque algo de eso también tiene. Se trata de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), organismo que actúa con patente de corso del Ministerio de Cultura para el abordaje recaudatorio en los océanos de la red y las fiestas populares. Si uno de sus últimos perseguidos fue el Ayuntamiento de Zalamea -al que le exigió el pago de 14.000 euros por representar desde hace casi veinte años una versión amateur de El alcalde de Zalamea en la que participa todo el pueblo-, ahora la justiciera SGAE ha puesto su punto de mira en la pequeña localidad alavesa de Santa Cruz de Campezo, a la que pretende arañar 8.094 euros por la peligrosa práctica de amenizar sus fiestas populares con charangas y pasacalles. La sociedad que dice proteger a los autores se muestra abierta al diálogo para buscar un acuerdo extrajudicial -siempre consistente en pasar por ventanilla y pagar- antes de pasar a mayores y argumenta que ningún ayuntamiento vasco se salva del canon. Pero Kanpezu le ha salido insumisa. Suerte para la batalla con Goliat.
