El Tribunal Supremo de Estados Unidos declara ilegal la orden de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento
La máxima instancia judicial considera que el derecho a la ciudadanía de los nacidos en territorio estadounidense está protegido por la Constitución
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este martes el decreto del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, un golpe a una medida emitida en el primer día de su segundo mandato.
La corte ha dictaminado de este modo, después de que seis de sus miembros --frente a tres-- hayan considerado ilegal la orden del mandatario, cinco de ellos alegando que viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, mientras que el sexto magistrado por violar la ley federal y no así la Carta Magna.
"La ciudadanía, tanto entonces como ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda ampliaron esa promesa a 'toda persona nacida libre en esta tierra'. Hoy mantenemos esa promesa", ha defendido el alto tribunal en su escrito.
Fundamentos del fallo
El Supremo ha considerado además que había "escasas pruebas" a favor de la reinterpretación que la Administración Trump hacía de una norma --la Decimocuarta Enmienda-- que estipula que "todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdiccion son ciudadanos de Estados Unidos".
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La directiva del inquilino de la Casa Blanca buscaba negar la ciudadanía estadounidense a los menores nacidos de madres que estén en el país en situación irregular o con visados temporales, y cuyos padres no sean ciudadanos ni residentes legales, lo que, de llevarse a cabo, podría afectar a unos 250.000 bebés nacidos en el país cada año, de acuerdo a los datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad de Pensilvania. El máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado en varias ocasiones el derecho a la ciudadanía por nacimiento, mientras que el Congreso también aprobó-incluso antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868-una ley federal que brinda este derecho a los nacidos en suelo estadounidense.
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