Los hijos del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, , Eric y Donald Trump Jr., han testificado como parte de una investigación liderada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que pretende descubrir si mintieron para inflar el valor de los activos de la Organización Trump.

"Creo que fue muy bien", ha señalado Donald Trump Jr. tras salir del tribunal, recalcando que el caso judicial es una "persecución política" contra su padre en represalia por su candidatura para las elecciones presidenciales de 2024, según ha informado la cadena CNN.

Donald Trump Jr. ha tenido que responder este jueves --tras ser interpelado también en la víspera-- a una serie de preguntas realizadas por la fiscal general adjunta Colleen Faherty relativas al patrimonio del expresidente, especialmente al tamaño del ático de lujo de la Torre Trump.

El hijo mayor del expresidente ha insistido en que no participó en la elaboración de los resultados financieros, si bien firmó para la concesión de una serie de préstamos y aparece como fideicomiso de su padre. En este sentido, ha resaltado que confiaba en su equipo de contables y que no tenía conocimiento de estos documentos.

Por su parte, Eric ha comparecido este jueves ante el fiscal general adjunto Andrew Amer, quien le ha cuestionado por una serie de correos electrónicos que se remontan a 2013 en los que alude a los resultados financieros anuales de la Organización Trump.

Asimismo, ha tenido que responder ante varias llamadas que realizó con un antiguo ejecutivo de la empresa Jeffrey McConney sobre el terreno de Seven Springs, que se ubica en el condado de Westchester, en Nueva York, una propiedad adquirida por Trump en 1995.

Trump tiene varios frentes judiciales abiertos, pero uno de los más importantes es la investigación por fraude que está desarrollando el estado de Nueva York sobre sus negocios. Según la Fiscalía neoyorquina, infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en 3.600 millones de dólares (unos 3.300 millones de euros).

El origen de la demanda se retrotrae a marzo de 2019, cuando la declaración ante el Congreso de Estados Unidos del antiguo abogado de la Organización Trump, Michael Cohen, planteó preguntas sobre el "estado financiero potencialmente fraudulento" de la compañía.