- El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, hizo ayer historia al sustituir por primera vez a la reina Isabel II en la apertura formal del Parlamento, donde leyó el programa legislativo del Gobierno, que incluye medidas contra las protestas descontroladas de grupos ecologistas y planes para el coste de la vida.
Debido a sus problemas de movilidad, la soberana, de 96 años, se vio obligada a cancelar su asistencia a esta cita constitucional, su primera ausencia desde 1963, cuando no pudo acudir al Parlamento al estar embarazada de su hijo menor, el príncipe Eduardo.
En una clara muestra de una transición en el seno de la monarquía británica, el príncipe de Gales, de 73 años, asumió ayer las funciones de jefe de Estado, y estuvo acompañado por su esposa, Camilla, duquesa de Cornualles, y su hijo mayor, el duque de Cambridge, quien por primera vez asiste a esta ceremonia.
El programa legislativo es preparado por el Gobierno para ser leído en esta apertura oficial del Parlamento de Westminster. Desde esa instancia, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, caminaron juntos hasta la Cámara de los Lores, seguidos de los ministros, el llamado “gabinete en la sombra” (laboristas) y el resto de diputados.
Una vez todos en la Cámara Alta -los lores con sus coloridas capas de armiño-, el príncipe de Gales, vestido con uniforme militar, leyó en apenas diez minutos las líneas generales del programa del Ejecutivo para el próximo periodo parlamentario.
El plan de Johnson contiene 38 piezas legislativas, entre ellas medidas para aliviar el elevado coste de la vida, a causa del incremento de la inflación y los precios energéticos, e impulsar el crecimiento económico a fin de reducir las desigualdades económicas y sociales que hay entre las distintas zonas del país.
El Ejecutivo espera introducir un proyecto legislativo destinado a modificar leyes comunitarias que quedaron vigentes tras el brexit.
Entre otras cosas, el Gobierno presentará un proyecto con el que quiere atajar las crecientes protestas de algunos grupos ecologistas, con la imposición de penas de hasta 12 meses de cárcel por interferir en la actividad de aeropuertos o ferrocarriles.
Esta medida está pensada para limitar la actividad de organizaciones como Insulate Britain y Extinction Rebellion, que en los últimos años han tomado medidas drásticas, como el bloqueo de autopistas, para llamar la atención sobre la crisis climática. Algunos partidos de la oposición, como los liberaldemócratas, consideran que estos planes son “peligrosos y draconianos”.
Otra pieza legislativa es la relacionada con los medios de difusión, con la que el Gobierno espera dar luz verde a la privatización del Canal 4 de televisión. El Gobierno confía en poder sacar adelante estas leyes al contar con mayoría en la Cámara de los Comunes. l
