Atrocidades y crímenes

Dado que los estados son libres de adherirse al sistema penal internacional, tan sólo 123 países han ratificado el Estatuto de Roma (ER), que constituye el fundamento legal de la Corte Penal Internacional (CPI). Ni Ucrania ni Rusia lo han hecho, tampoco China, ni los Estados Unidos. Esto significa que tres de las “grandes potencias” con derecho de veto en la asamblea de Naciones Unidas no han ratificado el acuerdo. Esta es la lamentable verdad de la justicia internacional.

No obstante, el gobierno de Ucrania ha aceptado la jurisdicción de la corte al firmar en 2013 y 2014 dos declaraciones a tal efecto, por lo que la corte tiene potestad para abrir una investigación sobre las denuncias de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio cometidos en Ucrania a partir del 21 de noviembre de 2013. El 28 de febrero de 2022, el fiscal de la CPI, Karim Ahmad Khan, declaró que, visto el examen preliminar sobre la situación en Ucrania de la CPI, “confirmo que existe una base razonable para proceder a la apertura de una investigación. En particular, estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania”. Apenas un mes más tarde, el 16 de marzo de 2022, el tribunal dictaminó que Rusia debía “suspender inmediatamente las operaciones militares” en Ucrania, con el voto en contra del vicepresidente de la corte Kirill Gevorgian, de Rusia, y la jueza Xue Hanqin, de China. Al menos 39 estados han remitido informes sobre la situación en Ucrania al fiscal de la CPI.

En virtud de las evidencias que se han ido recibiendo, parece que las tropas rusas han cometido atrocidades en violación del derecho internacional. Según el artículo 5 del Estatuto de Roma (ER), la jurisdicción de la CPI se limita a los crímenes más graves, de trascendencia internacional, esto es, el crimen de agresión, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Que el gobierno ruso ha incurrido en crímenes de agresión (antiguamente denominado “crímenes contra la paz”) es patente, ya que en virtud del ER se entiende por “crimen de agresión” la planificación, preparación, iniciación o ejecución de un “acto de agresión” que, por su carácter, gravedad y escala, constituye una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas. A los efectos del estatuto, “acto de agresión” significa el uso de la fuerza armada por un estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro, algo incompatible con el artículo primero de la Carta. Esto es, desde que el primer tanque ruso entró en Ucrania sin ser invitado, Rusia transgredió la legislación internacional. El derecho internacional reconoce el uso de la fuerza en legítima defensa, por lo que la actividad militar de las tropas ucranianas no constituye un crimen de agresión.

La cuestión de si se han cometido crímenes de guerra es más difícil de demostrar. En virtud del ER, se consideran crímenes de guerra las infracciones graves de los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales de 1949. Cualquier acto contra personas o bienes protegidos por las disposiciones de la referida convención, como homicidio, lesiones graves, tortura o malos tratos a prisioneros de guerra o personas que sirven en las fuerzas de una potencia hostil y la destrucción y apropiación de bienes no justificadas por la guerra, así como otras violaciones de las leyes y usos de la guerra “dentro del marco establecido por el derecho internacional”, pueden ser consideradas crímenes de guerra. La misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para monitorear las violaciones de derechos humanos en Ucrania expresó su preocupación por el tratamiento de los prisioneros de guerra en manos de ambas partes. Los ataques rusos han generado una destrucción generalizada de edificios civiles, incluidas casas, hospitales, escuelas y bienes culturales, así como edificios históricos e iglesias y plantas de energía nuclear. Por último, las fuerzas rusas han utilizado munición de racimo, un tipo de arma prohibida por la mayoría de los estados debido a su carácter indiscriminado.

Se consideran crímenes contra la humanidad el homicidio, la deportación o traslado forzoso de personas, encarcelamiento u otro tipo de privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional; tortura, violación y otras formas de violencia sexual; persecución contra cualquier grupo o colectividad identificable por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género “y otros motivos universalmente reconocidos como inadmisibles en virtud del derecho internacional”. Hay evidencia de asesinato, tortura, concentración, agresión sexual y deportación. Además, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que las tropas rusas interrumpieron los corredores de evacuación humanitaria y el bombardeo masivo de áreas residenciales en Mariupol y otras ciudades también puede considerarse un crimen contra la humanidad. Por último, la misión de vigilancia de Naciones Unidas documentó la detención arbitraria de periodistas en los territorios ocupados.

Si Rusia ha incurrido en crímenes de genocidio es aún más difícil de demostrar. Una campaña de genocidio no se define por el número de personas asesinadas, es más complejo que eso. Según Raphael Lemkin, que ideó y definió la palabra “genocidio” en 1944, genocidio significa un plan coordinado compuesto por diversas acciones tendente destruir el patrón nacional o la identidad colectiva de una nación, esto es, su lengua, sus costumbres sociales, su sistema legal, su credo... El objetivo de un plan de genocidio es la desintegración de las instituciones políticas y sociales, de la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales, la religión y la existencia económica de grupos humanos, y la destrucción de la seguridad personal, la libertad, la salud, la dignidad e incluso la vida de los individuos pertenecientes a tales grupos. En una palabra, genocidio es asimilación. Tan sólo se podrá demostrar que Rusia ha incurrido en crímenes de genocidio si se demuestra que Putin y sus colaboradores han cometido atrocidades contra la población con el objeto de “rusificar” Ucrania y asimilar a la población.

Biden ha expresado que Putin es un criminal, pero no lo es porque no ha sido juzgado ni condenado. Más propiamente, debería haber dicho que Putin ha cometido atrocidades y que por tanto debería ser juzgado y sentenciado. En un mundo ideal, todas las atrocidades serían consideradas un crimen y constitutivas de delito. Pero vivimos en un mundo en el que la guerra no es culpable. El resultado es que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, se estima que cerca de 150 millones de personas han muerto víctimas de crímenes de guerra y, fundamentalmente, por crímenes de lesa humanidad y genocidio. En la inmensa mayoría de los casos nadie ha sido juzgado; desde el 2002, la CPI ha procesado a 46 personas por estos crímenes, y a condenado a 8, todas ellas africanas.

La Corte Penal Internacional considera que hay base para considerar que se han cometido crímenes de guerra en Ucrania