La líder birmana Aung San Suu Kyi se enfrenta a tres años de cárcel

Según los informes policiales a los que tuvo acceso Efe, la nobel de la paz y consejera de Estado, que fue arrestada el lunes junto a parte de su Gobierno durante el golpe, ha sido acusada después de que los militares encontraron en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente.

La líder birmana, de 75 años, y que se encontraba hasta ahora en arresto domiciliario en la residencia gubernamental de la capital, Naipyidó, se podría enfrentar a una pena de hasta tres años de cárcel por ese delito y tendrá que permanecer detenida al menos hasta el 15 de febrero.

La policía además presentó cargos contra el también depuesto presidente, U Win Myint, que está acusado de quebrantar la ley de gestión de desastres naturales, entre los que se incluye la pandemia, al haber desplazado en un viaje en plena campaña electoral 220 vehículos en contra de las medidas por la covid-19 que prohíben la reunión de más de 30 personas.

Un portavoz del hasta ahora partido gobernante Liga Nacional para la Democracia (LND), confirmó en Facebook los cargos contra el presidente y la consejera de Estado depuestos por los militares, que asumieron el poder tras acusar al Gobierno electo de fraude electoral en las elecciones del pasado noviembre.

A pesar de que el martes un portavoz de su formación política, la LND, aseguró que Suu Kyi continuaba en arresto domiciliario en su residencia oficial de la capital y se encontraba “en buen estado de salud”, de momento se desconoce si ha sido trasladada para ser interrogada. Myint sí fue interrogado en un cuartel militar este miércoles en Rangún, la mayor ciudad del país, según informó a Efe una fuente cercanas al expresidente.

El político de 69 años ejercía de presidente desde 2018, aunque la líder de facto del país era Suu Kyi, nombrada como consejera de Estado, un puesto diseñado para sortear el artículo de la Constitución que veta la presidencia a quienes tengan parientes inmediatos extranjeros, lo que es su caso.

El Ejército, que ha empezado a clausurar sedes de la LND en varias provincias del país, ha ido liberando desde el lunes a miembros del gobierno y líderes regionales mientras que hoy ordenó a 350 parlamentarios que abandonaran las residencias gubernamentales en las que los tenía retenidos. En el Consejo de Seguridad de la ONU China y Rusia frenaron cualquier intento de tomar medidas contra Birmania.

Conforme al estado de emergencia decretado, los militares mantendrán el poder durante un año y celebrarán elecciones, en una fecha no precisada, para entregar el poder al partido vencedor en las urnas.

Los militares, que a pesar de iniciar una “democracia disciplinada” hace una década, nunca habían renunciado del todo al poder en el país asiático al disponer del 25% de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Lazos rojos. El golpe militar ha generado en el país un incipiente movimiento de desobediencia civil y ayer el personal sanitario de más de 70 hospitales y centros médicos de Birmania se sumó a una convocatoria de protesta. Enfermeros, dentistas, médicos y otro personal sanitario de hospitales de más de 30 ciudades se unieron al parón enseñando lazos rojos. La huelga del personal sanitario llegó después de que en Rangún se celebrara con un seguimiento masivo una cacerolada en protesta por el levantamiento de los militares, que gobernaron con puño de hierro el país de 1962 a 2011. La asonada militar ha seguido teniendo gran resonancia internacional y la ONU reclamó este martes a las potencias internacionales una clara condena del golpe de Estado y les pidió que rechacen el plan de los militares para celebrar unas nuevas elecciones.