- El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, no va a desaparecer en silencio. A lo largo de los dos próximos meses que separan su derrota en las presidenciales de la ceremonia de sucesión (periodo conocido en la jerga del poder como lame duck o pato cojo), el todavía mandatario sigue siendo el inquilino de la Casa Blanca, con sus poderes y competencias intactos de cara a dos estrategias simultáneas que manejar: la disputa de los resultados de los comicios y su adiós definitivo a la Presidencia.
Sobre la primera, abundan las dudas incluso en su entorno más cercano, según fuentes próximas a la cadena CNN, el asesor presidencial y yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y la primera dama, Melania Trump, habrían recomendado al presidente estadounidense que aceptara su derrota. Si bien su equipo legal, abanderado por su asesor y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma contar con casos en los que se ha impedido a observadores republicanos la entrada en las salas de recuento, las propias autoridades de los estados afectados, algunas republicanas, rechazan categóricamente estas declaraciones y las primeras escaramuzas legales no han surtido efecto alguno.
El segundo derrotero, su despedida y cierre, está lleno de dudas e incertidumbres condicionadas por el explosivo carácter del presidente, de quien "vamos a conocer más en estos dos próximos meses que en los últimos cuatro años", en palabras del exasesor Miles Taylor al Washington Post. En este sentido, además de los persistentes rumores de una nueva "purga de castigo" entre su equipo de Gobierno, cabe la posibilidad de que Trump haga uso de sus competencias para conceder indultos, con un propósito nunca antes visto: otorgarse a sí mismo la inmunidad ante cualquier futura investigación por delitos.
En este escenario, el proceso de transición que comenzará en las próximas semanas pasará a un segundo plano. Desde el equipo del presidente electo, Joe Biden, no se espera ni ayuda ni concesión alguna. Según fuentes de su campaña, la idea consiste en aprovechar los amplios poderes que les concede la Ley de Transición Presidencial para esquivar los obstáculos que les pudieran preparar los aliados del presidente saliente.
Sin embargo, es posible que ni siquiera exista interés alguno de Trump a la hora de ponerlos: un informe emitido el pasado mes de agosto por el llamado Proyecto de Integridad de la Transición (TIP, grupo formado por cien funcionarios para pronosticar escenarios de traspaso de poderes) teme que Trump se marque solo dos sencillos objetivos en este escenario: destruir pruebas incriminatorias y ganar cuanto más dinero, mejor.
"La gente está segura de que Trump dará prioridad a la autopreservación y al beneficio propio en lugar de garantizar una transición administrativa ordenada a su sucesor", según las conclusiones del informe, publicado el pasado mes de agosto.
El TIP contempla, por ejemplo, la posibilidad de que el presidente multiplique sus estancias en su residencia y cuartel general de Mar a Lago, en Florida, con el consiguiente desvío monetario hacia sus empresas particulares como encargadas de alimentar al séquito de seguridad que se vería obligado a acompañarle. Hasta mediados de septiembre, estas visitas han costado 1,1 millones de dólares de fondos federales, que han ido directamente a las arcas de la organización del mandatario, Trump Enterprises.
Pero más realista es la opción de que el presidente pueda recurrir a la amnistía para proteger a aquellos asesores que violen leyes de protección de registros presidenciales si destruyen documentos comprometedores hacia el propio Trump, según especulan otros expertos.
Trump podría perdonar a cualquier integrante de la agencia fiscal que borre sus obligaciones tributarias. El resultado es: "Va a usar estratégicamente este periodo para tratar, básicamente, de protegerse a sí mismo, a su familia y a su dinero", considera ante el Washington Post el antiguo fiscal de la investigación especial sobre la campaña de Trump, Andrew Weissmann.
Queda por conocer el destino de deparan estos dos meses a los enemigos políticos del presidente, y para ello hay que hablar de una reciente orden ejecutiva aprobada por el mandatario entre el ruido de las elecciones, la llamada, "Calendario F" (Schedule F); a muy grandes rasgos, una competencia adicional que le otorga la potestad de despedir o contratar empleados a su voluntad.
Esta capacidad le permitiría despedir a funcionarios no partidistas, como el epidemiólogo Anthony Fauci, miembro de su fuerza de intervención contra el coronavirus, y con quien ha protagonizado numerosos encontronazos, y redoblar las protecciones a cargos puramente políticos, contratados para ejecutar la voluntad del mandatario, tengan o no el currículum necesario para su labor.
Al margen de ello, queda por ver lo que sucede con su actual equipo. Hace dos semanas, fuentes próximas a la Administración aseguraron que Trump tenía previsto despedir, si ganaba las elecciones al director del FBI, Christopher Wray, a la directora de la CIA, Gina Haspel, y al secretario de Defensa, Mark Esper, en una nueva muestra de su descontento con las agencias de seguridad. Se desconoce si Trump tras haber resultado derrotado en las elecciones todavía mantiene esa idea.
"Vamos a conocer más (de Trump) en estos próximos meses que en los cuatro últimos años"
Jefe del Gabinete de Seguridad Nacional de EEUU y exasesor de Trump
