i Zimbabue no tenía bastante con una economía en ruinas y una crisis alimentaria que agobia a millones de personas, el desolador impacto del coronavirus ha acabado por convertir esa triple problemática en una “tormenta perfecta”.
La semana pasada, la agencia de estadísticas Zimstat informó de que la inflación anual alcanzó en marzo el 676,30%, frente al 540,16% registrado el mes anterior, si bien algunos analistas creen que se podría llegar al 1.000% en junio.
Fue un recordatorio de la hiperinflación que ahoga a este país, conocido antaño como la joya de África por su prosperidad y cuya economía cae en picado en el año 2000, cuando el Gobierno impulsó un polémico programa de redistribución de la tierra.
El entonces presidente zimbabuense, Robert Mugabe, decidió confiscar las granjas que eran propiedad de unos 4.000 blancos para transferirlas a decenas de miles de nuevos granjeros negros, lo que desencadenó una crisis económica que todavía lastra al país.
Cerca de seis millones de zimbabuenses, un 34% de la población, viven actualmente en condiciones de pobreza extrema, según datos del Banco Mundial (BM). Por si fuera poco, más de siete millones sufren inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, que reclamó este mes una ayuda urgente de 130 millones de dólares para aliviar el hambre de esos ciudadanos hasta el próximo agosto.
“Con la mayoría de los zimbabuenses con dificultades para comprar comida, el covid-19 implica un riesgo de una desesperación más grande y profunda”, dijo el director del PMA para Zimbabue, Eddie Rowe, quien abogó por “hacer el máximo esfuerzo para impedir que esta tragedia se convierta en una catástrofe”.
Para contener la propagación del coronavirus, el actual presidente del país, Emmerson Mnangagwa, impuso el pasado 30 de marzo un confinamiento de 21 días -que prorrogó este domingo durante dos semanas más- que acarrea el cierre de mercados informales, bancos y la mayoría de los negocios, unas medidas que agravan la ya precaria situación del país.
“Teníamos problemas mucho antes de que surgiera el coronavirus. Por lo que añadir problemas a los ya existentes significa que estamos en un camino muy malo”, comenta a Efe el economista John Robertson, radicado en Harare. “No sé cuanto tiempo pasará antes de que la gente empiece a morir de hambre en estas condiciones”, asevera el economista.
Con un tasa de desempleo del 80%, muchas familias urbanas se ganan la vida con empleos informales: desde la venta de verdura en cualquier esquina, a la soldadura de materiales o la fabricación de cestas en lugares como el mercadillo de Mupedzanhamo en Mbare, el barrio marginal más antiguo de Harare.
Pese a las órdenes de las autoridades, numerosos zimbabuenses se ven obligados incumplir el confinamiento por una mera cuestión de supervivencia. “Mucha gente está saliendo, no porque desafíen al Gobierno, sino porque quieren comida, agua”, declara a Efe Precious Shumba, director de la ONG Harare Residents Trust, que promueve los intereses de los residentes en la capital del país.
La deficiente red de abastecimiento de agua, lastrada por años de mala gestión y decadencia, provoca la concentración de multitudes en torno a los pocos puntos de suministro públicos que funcionan en los suburbios más pobres. “La mayoría ignora los requerimientos de distancia social” para frenar la propagación del coronavirus, asegura Shumba.
Hasta la fecha, Zimbabue ha confirmado 25 casos de covid-19 y tres muertos, pero sólo ha efectuado poco más de 2.850 test de detección y aumentan los temores a que la enfermedad se esté propagando sin control ninguno.
El vulnerable sistema de salud pública, debilitado aún más por una huelga de médicos y enfermeras, y la escasez de material y medicamentos básicos, no puede afrontar una crisis sanitaria tan grave como la de países como España, Italia o EEUU.
La Asociación de Médicos para los Derechos Humanos de Zimbabue acudió al Tribunal Superior de Harare para obtener un orden que obligue al Gobierno a hacer pruebas de detección de puerta en puerta y facilitar trajes de protección a los trabajadores sanitarios.
“Nadie está dispuesto a salir y sacrificarse a sabiendas de que se trata de una enfermedad asesina. Ellos (el Gobierno) tendrán que proveer equipos de protección personal o no habrá empleados sanitarios en el hospital”, dice el portavoz de la Asociación de Médicos Sénior de Hospitales de Zimbabue, Aaron Musara.
