Ginebra - Todas las condenadas pronunciadas en Nicaragua en relación con las manifestaciones contra el Gobierno fueron contra ciudadanos que participaron en estas protestas, con la excepción de un guardia privado que además fue amnistiado, revela un informe difundido ayer por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
“A las personas que participaron en las protestas, montaron piquetes, levantaron barricadas, recaudaron dinero y provisiones en apoyo a los manifestaciones o dispararon morteros caseros contra las fuerzas de seguridad se les acusó de forma desproporcionada”, denuncia el documento elaborado por el organismo que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet.
Las acusaciones variaron entre terrorismo, financiación del terrorismo, secuestro y crimen organizado en una secuencia de manifestaciones que costaron la vida a más de 300 personas, mientras que 2.000 resultaron heridas como resultado en muchos casos del uso desproporcionado de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales.
El informe será presentado por la propia Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos el próximo martes día 10 y en la jornada siguiente la delegación diplomática de Nicaragua tendrá la ocasión de reaccionar al mismo.
La investigación cubre el periodo del 19 de agosto de 2018 al 31 de agosto pasado y aborda la violencia no solo policial, sino también de elementos armados favorables al Gobierno y que utilizaron armas diversas -incluidas las de fuego- contra ciudadanos considerados opositores en fechas tan recientes como el pasado junio.
El periodo analizado, lejos de haber sido de reconciliación, sirvió para que los mecanismos de represión se consolidaran, dejando atrás cualquier esperanza de alternancia política y de respeto de las libertades fundamentales, que eran dos reivindicaciones mayores durante las manifestaciones que se iniciaron en abril de 2018. - Efe
