Moscú - Las autoridades rusas han lanzado una contraofensiva para sofocar las mayores protestas opositoras de los últimos años que incluye encarcelamientos, persecución penal, registros y denuncias de injerencia extranjera en la vida política. “Las protestas antigubernamentales han sido pacíficas. Es el Gobierno el que está criando radicales con la represión policial. El que busca el conflicto es el Kremlin”, dijo Serguéi Boiko, líder del Partido Libertario, uno de los organizadores de las protestas.

Tras varias semanas a la defensiva, las autoridades han retomado la iniciativa con una campaña que busca acallar a los líderes de la protesta, que se encuentran casi todos bajo arresto, e intimidar a sus partidarios, en su mayoría jóvenes que solo han conocido a un inquilino del Kremlin, Vladímir Putin, en el poder desde 1999.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), el arma de investigación judicial del Kremlin, tiró la primera piedra al incoar un caso penal por “disturbios masivos”, que defensores de derechos humanos consideran fabricado, ya que son decenas de civiles los que fueron heridos por el desproporcionado uso de la fuerza por la policía.

Ya son diez los jóvenes que han sido imputados en dicho caso por acciones como arrebatar el casco a un efectivo antidisturbios, lanzar un vaso o botella de plástico contra la policía, o simplemente, hacer indicaciones con la mano para dirigir a la multitud. Esos manifestantes, jóvenes de entre 21 y 25 años contra los que la Justicia rusa ha dictado dos meses de prisión preventiva, podrían ser condenados a hasta ocho años de cárcel, lo que ha causado gran indignación en Moscú, especialmente entre la comunidad universitaria.

“No hubo ningún disturbio. Fue la policía la que utilizó una violencia sin precedentes contra los manifestantes. La ley dice que disturbios es cuando se vuelcan autobuses, se queman coches, se lanzan piedras. Nada de eso ocurrió. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) quiere una revolución, un Maidán, para recibir nuevos privilegios”, consideró Boiko en referencia a la revuelta en la que fue derrocado el entonces presidente ucraniano, Víktor Yanukóvich, en 2014.

El dirigente opositor, Alexei Navalni -que labró su fama por sus denuncias de la corrupción en las altas esferas del poder- recibió ayer un nuevo revés con el registro de las oficinas de su Fondo de la Lucha contra la Corrupción. El CIR anunció que investigará el lavado de mil millones de rublos (unos 13,5 millones de euros) por parte de varios empleados del fondo de Navalni entre 2016 y 2018. - Efe