Hace 6 meses escribí en estas páginas una columna sobre Nicaragua titulada Rojo y Negro. Comentaba cómo aquellos colores del sandinismo que tanto capital de solidaridad y legitimidad internacional habían acumulado, se habían convertido en rojo sangre inocente y negro muerte y destrucción. Donde en junio hablábamos de 150 muertos hoy hablamos de al menos 325, todos los puentes (Iglesia, mediación regional o internacional) han sido rotos y la represión se ha extendido a todos los sectores, especialmente a los periodistas. En junio concluí que “hoy parece difícilmente aceptable cualquier salida que no pase por el cese de la represión, el abandono del Gobierno del presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta -y esposa- Rosario Murillo, que ejercen el poder, desde hace once años, con progresiva indignidad, y el aseguramiento de garantías de justicia y reparación, sin impunidad, que aclaren las responsabilidades por la injustificable represión”.

Si les propongo una nueva columna sobre Nicaragua es para dar ahora voz a otros. A veces llega un testimonio que marca un antes y un después y tal vez la carta de Rafael Solís, que es “de renuncia y de denuncia”, sea uno de esos casos.

Rafael Solís es magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y militante sandinista desde hace 43 años. Ha escrito esta semana una carta, dirigida al presidente Ortega y a la vicepresidenta Murillo, intensa, sentida, llena de información impagable y de sentido humano, jurídico y político. Muchos le reprocharán su colaboración activa con el régimen hasta esta misma semana: no les faltará razón, pero yo prefiero dar la bienvenida a los que llegan tarde que reprocharles el retraso.

El magistrado reconoce haber estado “en tres diferentes ocasiones” cerca de renunciar “pero siempre tuve la duda que a través del Diálogo Nacional el gobierno pudiera corregir los graves errores cometidos. Sin embargo, el gobierno fue endureciendo sus posiciones hasta llevarnos a un aislamiento internacional, casi total, y no veo la más mínima posibilidad que ahora se retome un verdadero diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación”.

En la carta se denuncia que “no hubo golpe de estado, ni agresión externa, sino un uso irracional de la fuerza”. El magistrado habla de “Estado de Terror”, de “uso excesivo de fuerzas parapoliciales o aun de la Policía misma con armas de guerra”, de cómo se ha “armado de una manera irresponsable con armas de guerra a una gran cantidad de jóvenes y a algunos sandinistas ya retirados que también participaron con la Policía en esa represión”, de “miedo” entre jueces y magistrados incapaces ya de tomar decisiones justas e independientes en los casos que afectan a los opositores asesinados o los presos políticos, de una economía colapsada y abocada al caos, de un país en que “ya no existe derecho alguno que se respete” y en el que da una “consolidación de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que ha hecho desaparecer todos los Poderes del Estado”.

La carta termina advirtiendo sobre “ustedes se empeñan en continuar haciendo mal las cosas hasta llevar al país a una guerra civil” que se percibe “más cercana que nunca” y que sólo “un milagro” evitará. Ojalá esta carta sea parte de ese milagro.