Caracas - La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) pidió ayer a las autoridades competentes que se apliquen “acciones de coerción” contra el Parlamento por cometer delitos de “usurpación de funciones” al designar a nuevos magistrados de la máxima corte. “Ante los actos declarados nulos de evidentes ánimos subversivos, la Sala declara que corresponde a las autoridades competentes civiles y militares ejecutar las acciones de coerción pertinentes a fin de mantener la paz y la seguridad nacional”, dijo el presidente de la Sala Constitucional del TSJ, Juan José Mendoza. El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, eligió ayer a 33 nuevos magistrados del TSJ, en una decisión no reconocida por el Gobierno ni por los jueces en ejercicio de esta corte, cuya legitimidad ha dejado de reconocer la Cámara.
Con la ausencia habitual de los diputados del oficialismo, los parlamentarios de la oposición aprobaron por unanimidad el nombramiento en una sesión celebrada al aire libre en una plaza del este de Caracas, después de que presuntos seguidores armados del Gobierno hayan protagonizado actos de violencia en la Cámara en varias ocasiones.
La oposición venezolana no reconoce la designación de los 33 magistrados en ejercicio del Supremo por supuestas irregularidades en su nombramiento entre diciembre y enero de 2015 por parte del Parlamento saliente chavista, días después de la victoria electoral de la actual mayoría opositora y antes de que ésta tomara posesión en la Cámara. “No olvidemos por qué estamos acá: queremos pasar de Venezuela violenta y arruinada, a la de la paz y justicia”, dijo el presidente del Parlamento.
“A trocha y mocha” El diputado opositor Carlos Berrizbeitia, encargado de proponer los nuevos nombramientos, recordó por su parte que los magistrados designados por la Cámara chavista en 2015 “fue un proceso ejecutado a trocha y mocha, como lo vieron todos los venezolanos” en ese momento.
La Sala Constitucional anuló el jueves, a priori, el proceso de designación de los magistrados de la Cámara y en una sentencia declaró “la nulidad por inconstitucionalidad” de este acto. El Supremo indicó que con este proceso “se configura el delito de usurpación de funciones a quienes concurran en la inconstitucional pretensión de designación de magistrados” y advierte de “consecuencias jurídicas”. “Incurren en los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, en particular en los delitos de traición a la patria y contra los poderes nacionales y de los estados”, agregó.
La puja entre el Poder Judicial y el Legislativo venezolano se profundiza en medio de la crisis social que atraviesa la nación, que se ha visto sacudida por una oleada de protestas desde hace casi cuatro meses que han dejado a su paso al menos cien víctimas mortales. - Efe
