Caracas - La oposición venezolana se movilizó ayer en todos los estados del país hasta las respectivas sedes del Consejo Nacional Electoral (CNE, Poder Electoral) en rechazo al proceso Constituyente que impulsa el Gobierno para redactar una nueva Carta Magna. “¡Hoy volvemos a la calle! En Caracas, desde nueve puntos distintos nos movilizamos hacia el CNE”, expresó a través de Twitter el diputado opositor Miguel Pizarro, en un mensaje que acompañó con una imagen que detalla los puntos de salida de las marchas en Caracas.
Por su parte, el parlamentario José Manuel Olivares apoyó el llamamiento con la misma imagen, y agregó: “No podemos detenernos en esta lucha pacífica contra el fraude constituyente”. En la capital los opositores partieron desde varios puntos del este y del oeste de la ciudad, hacia el CNE, ubicado en el centro, zona que alberga las sedes de los poderes públicos del país y que está gobernada por el alcalde de Libertador, el chavista Jorge Rodríguez.
Algunos dirigentes opositores han denunciado a través de las redes sociales que los accesos al Poder Electoral se encontraban bloqueados por la Policía que protegía la institución, pese a lo cual intentaron llegar. “El CNE en este momento. Todos los accesos cerrados, pero la libertad de un pueblo como el nuestro es indetenible”, señaló el diputado Ángel Medina en Twitter.
El CNE pidió ayer al Ministerio de la Defensa que declare “zonas de seguridad” los centros de voto de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la “normalidad” de la votación, prevista para el 30 de julio y que cuenta con el rechazo opositor.
En rueda de prensa, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, hizo esta petición al tiempo que recomendó aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección de 100 metros -como está previsto en el reglamento- a 500 metros de los centros de recepción de votos.
Asimismo, señaló que están tomando medidas para que ese día los ciudadanos puedan ir a votar “en tranquilidad y en paz”, en el marco de esta jornada electoral, rechazado por la oposición, que ha realizado numerosas acciones de protesta y amenaza con boicotear la votación.
Ataque del helicóptero Por su parte, la Fiscalía de Venezuela anunció ayer la apertura de una investigación sobre el ataque con disparos y granadas perpetrado desde un helicóptero contra las sedes del Ministerio del Interior y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas y reivindicado por un agente. “El Ministerio Público investiga la sustracción de un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el posterior ataque cometido este 27 de junio contra el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y el TSJ”, se lee en un comunicado de la Fiscalía.
El Ministerio Público informó de la apertura de la investigación horas después del hallazgo en una localidad del estado de Vargas (cercano a Caracas) del helicóptero que se utilizó para el ataque terrorista.
El policía reivindica en Instagram la acción con un vídeo en el que manifiesta su intención de derrocar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro junto con una “coalición” de militares y civiles de la que no ha habido constancia después del ataque, y se encuentra en paradero desconocido desde el momento de los hechos. Venezuela ha dictado una orden internacional de captura contra el policía, que responde al nombre de Óscar Pérez y cuyo domicilio fue allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) poco después de su acción.
Según informaciones del Gobierno, Pérez se apropió del helicóptero para disparar después contra el Ministerio del Interior y lanzar cuatro granadas -de las que explotaron tres- contra el Supremo.
Una fotografía difundida en Internet muestra a un hombre enmascarado a bordo del aparato que pilotaba Pérez mostrando desde el aire una pancarta con el lema “Libertad” y el número 350, en referencia al artículo de la Constitución venezolana. - Efe
