MADRID. Fuentes policiales consultadas por Efe muestran su asombro por que la familia de Echeverría siga sin recibir ninguna información y de que las autoridades se limiten a pedirles "24 ó 48 horas" más de plazo para ofrecerles información, algo que podría haber estado resuelto hace días.
"No se puede tener a una familia esperando un milagro. Es vejatorio", afirma a Efe un policía que considera que el protocolo británico deja "en muy mal lugar" al Reino Unido después de un atentado dramático, pero cuya complejidad no es equiparable a la de otros perpetrados en otros países, incluida España, o a los de accidentes aéreos.
Los protocolos, explica a Efe un guardia civil, tienen que existir pero tienen que generar el "mínimo sufrimiento" a las familias y más cuando, como en este caso, se trata de identificar un cuerpo entre pocos cadáveres.
El reconocimiento visual es la clave, apuntan los investigadores consultados, ya que en España lo primero que se hubiera hecho en un caso parecido habría sido permitir a algún familiar reconocer el cuerpo.
Una vez se hace esta identificación no oficial, el resultado del cotejo de huellas y el ADN verifican con totales garantías la identidad de un fallecido, explica a Efe un policía que recuerda que en el caso de Ignacio Echeverría existen además testimonios de testigos que han podido dar detalles del lugar o de su vestimenta.
Sin embargo, Reino Unido cuenta con un protocolo inverso, ya que el último paso es la identificación por parte de los familiares antes del cotejo de huellas y ADN.
A pesar de ello, los agentes consultados siguen sin entender la demora y la "esclavitud" con un protocolo que está generando sufrimiento a una familia de forma innecesaria.
Solo explicaría este retraso en la identificación, se atreve a apuntar un investigador, el hecho de que las pesquisas sobre el atentado se vieran afectadas.
Otro opina que las investigadores británicos no confirmarán la identidad de los fallecidos hasta no estar de todo seguros y tener los resultados de todos ellos.
El Reino Unido no participa al tratado Prüm, al que pertenecen 15 países europeos entre ellos España y que permite lanzar búsquedas contra los sistemas de esos estados e identificar cadáveres indocumentados.
