Caracas - El Parlamento venezolano, que controla una contundente mayoría opositora, desplegó ayer una serie de argumentos en contra de la formación de una Asamblea Nacional Constituyente como propuso el presidente Nicolás Maduro, idea calificada por la oposición como estrategia para mantenerse en el poder.

La sesión parlamentaria se produjo en un día de pausa en la agenda de protestas antigubernamentales convocadas desde hace un mes por la oposición y que serán retomada mañana en Caracas con una marcha hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia.

Los parlamentarios aprobaron un acuerdo sobre la “inconstitucionalidad y nulidad” del decreto de Maduro por el que se convoca una asamblea constituyente que modifique la Constitución. El diputado Luis Florido señaló que la asamblea constituyente debe ser sometida primero a un referendo para consultarle al pueblo si desea que se realice el proceso y el legislador Omar Barboza señaló que el Gobierno procura, con esta convocatoria, evitar las elecciones y “ganar tiempo” para mantenerse en el poder.

Pese a que el artículo 348 de la Constitución señala que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros (...)”, el diputado Alfonso Marquina se preguntó: “¿Quién le dio la potestad a Nicolás Maduro de sustituir al pueblo para ejercer la convocatoria a Constituyente?”, mientras que su colega Américo De Grazia apuntó que el presidente busca “retroceder a una época sin votación universal, directa y secreta”.

Previamente, el presidente de la Cámara, Julio Borges, dijo que la convocatoria del gobernante para reformar el Estado y su ordenamiento jurídico, nació “muerta” porque fue hecha con la “mala intención de engañar” al pueblo, un plan diseñado para “permanecer en el poder”. En la sesión de ayer también se aprobó un acuerdo de rechazo del procesamiento en tribunales militares de civiles detenidos por actos violentos durante las protestas antigubernamentales, establecido “en el marco del denominado Plan Zamora” que lanzó el Gobierno para combatir la violencia y que, según la oposición, viola los derechos humanos. - Efe