Múnich - Los aliados bávaros de la canciller Angela Merkel, la Unión Cristianodemócrata (CSU), piden penas más duras para los potenciales terroristas, vigilancia por parte de los servicios secretos también desde los 14 años, más almacenamiento de datos y más videovigilancia, según un documento al que se tuvo ayer acceso. El documento se someterá a votación a principios de enero, menos de un mes después de que tuviera lugar el atentado terrorista en un popular mercado de Navidad de Berlín, en el que perdieron la vida doce personas y 53 resultaron heridas.

El partido que gobierna Baviera, un estado golpeado también por el terrorismo este año después de que un refugiado atacara con un hacha un tren regional e hiriera a varios pasajeros y otro se suicidara haciendo explotar una mochila a la entrada de un festival, lleva tiempo reclamando más medidas de seguridad para luchar contra el terrorismo. Entre las medidas que reclama se encuentra elevar la pena mínima para los acusados de preparar un atentado terrorista, poner una tobillera electrónica a los extremistas condenados para poder vigilarlos y endurecer las deportaciones.

”Necesitamos una nueva causa de detención para los potenciales terroristas”, escribieron en el documento en el que también reclaman quitar la nacionalidad alemana a los que tengan una doble en el caso de que luchen para una organización terrorista en el extranjero o hayan recibido formación de la yihad. Los servicios secretos deben encargarse también de los jóvenes a partir de los 14 años, ya que la “radicalización comienza ya en esos años”, indicaron.

Respecto a la captación o radicalización de futuros posibles terroristas, la CSU solicitó una mayor transparencia en torno a los predicadores y los contenidos que transmiten. Para terminar, la CSU pidió ampliar la videovigilancia en estaciones de ferrocarriles, centros comerciales y centros deportivos. “No puede ser que nuestros investigadores tengan que trabajar con vídeos privados grabados por casualidad para esclarecer los delitos”, criticaron. Además, los datos transmitidos por e-mails o servicios de comunicación como WhatsApp o Skype deberían registrarse y guardarse durante más tiempo.

Seis atentados frustrados Asimismo, el jefe del departamento judicial de la policía federal de Bélgica, informó ayer que el país que este año sufrió ataques terroristas en el metro y el aeropuerto de Bruselas que causaron 32 muertos, había frustrado otros seis atentados en los últimos dos años. “En dos años, desde noviembre de 2014, precisamente, hemos evitado no menos de seis atentados en estrecha colaboración con los servicios de inteligencia. Hemos trabajado mucho juntos para llegar a ello”, declaró Jacobs en una entrevista concedida al diario local La Dernière Heure.

Tras el ataque contra la capital, las fuerzas belgas recurrieron al apoyo a servicios de seguridad extranjeros. “En los días posteriores constatamos que, en algunas cosas, nos faltaba experiencia y llamamos a policías extranjeros. Para el análisis de explosivos, por ejemplo. Para procesar rápido ciertas informaciones”, comentó.

Uno de los mayores retos en esa tarea es tratar y clasificar la gran cantidad información de la que disponen las fuerzas de seguridad desde los mencionados atentados del pasado 23 de marzo en la capital. “Desde los atentados de Bruselas hay un flujo importante de información. Hay muchas más alertas que antes. Llegamos a recibir hasta 600 informaciones al día”, agregó el jefe de la policía judicial.

Jacobs añadió que Bélgica no tiene suficiente anticipación sobre los terroristas y que las fuerzas de seguridad trabajan en solucionar ese problema, derivado en parte de la falta de efectivos. “Estamos en una fase en la que hay que recuperar el retraso. Mientras esperamos a tener más capacidades, hay que establecer prioridades”, indicó Jacobs, quien señaló que el 45% de la Policía judicial belga se dedica los casos de terrorismo.

En esta línea, los agentes de seguridad destinados en los ferrocarrilles franceses (SNCF) y en la red de transporte público de París (RATP) llevarán videocámaras para grabar sus operaciones para combatir “las amenazas a la seguridad pública”, según un decreto publicado ayer por el Boletín Oficial. Prevenir incidentes durante las operaciones de seguridad, constatar las infracciones cometidas y registrar la persecución de sus autores gracias a las imágenes son algunas de las metas de este dispositivo, indicó la norma. - Dpa/Efe