HAMBURGO. Holanda solicitó ayer miércoles al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que ordene a Rusia la liberación de las 30 personas detenidas durante una protesta de Greenpeace contra la perforación petrolera en el Ártico. El Gobierno ruso se negó a acudir a esta vista.

La representante del Gobierno holandés, Liesbeth Lijnzaad, señaló que Rusia ha "violado los Derechos Humanos" de los activistas que intentaron escalar el pasado mes de septiembre a las instalaciones de la primera plataforma petrolera rusa mar adentro en el Ártico, a quienes Moscú tiene detenidos desde hace siete semanas "sin fundamentos".

Rusia ha dicho que no reconoce el caso presentado por Holanda y acusa a los activistas y a su embarcación, el Arctic Sunrise, de bandera holandesa, de implicar una amenaza para la seguridad. Fiscales rusos acusaron a los 30 activistas de piratería, pero luego redujeron el cargo a vandalismo, el cual conlleva una pena máxima de siete años de cárcel en lugar de 15 como la piratería.

El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló que no cree que los activistas sean piratas, pero aún así se enfrenta a fuertes críticas en Occidente por lo que se considera un tratamiento extremadamente duro del caso. "La disputa está empeorando", defendió Lijnzaad ante el tribunal, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo. "Los estados no tienen derecho a incautar embarcaciones que pertenecen a terceros países en sus zonas exclusivas de comercio marítimo", subrayó la representante holandesa. Otro representante del Gobierno holandés, Rene Lefeber, señaló al tribunal que las zonas económicas exclusivas como por la que estaba navegando la embarcación de Greenpeace al ser capturada le dan a los países derechos para proteger sus recursos naturales, pero no la potestad de abordar y arrestar barcos como sí pueden hacerlo en sus aguas territoriales.

'detención ilegal' Dado que la detención de la embarcación por parte de Rusia es ilegal, las acciones posteriores, incluido el arresto de la tripulación, también lo son, subrayó Lefeber.

El presidente del tribunal, el juez Shunji Yanai, fijó el 22 de noviembre como fecha provisional para que la corte se pronuncie. El tribunal fue establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1992, de la cual tanto Holanda como Rusia son firmantes, para resolver disputas marítimas. Sus decisiones son vinculantes aunque no de cumplimiento obligatorio.