PARÍS. "La mayoría (de los gitanos) deben ser llevados hasta la frontera (...) Nuestro papel no es acoger a estas poblaciones", aseguró Valls en la televisión "BFMTV".
Valls hizo estas declaraciones al día siguiente de haber afirmado que "los gitanos deben regresar a Rumanía y a Bulgaria", donde tienen que hacer "esfuerzos para su integración".
Varias figuras del Partido Socialista e, incluso, del Gobierno, consideraron erróneas esas palabras de Valls, que estigmatizan a la población gitana.
El ministro de Industria, Arnaud Montebourg, consideró en "BFMTV" que las declaraciones de Valls fueron "excesivas" y que debían ser "corregidas".
Pero el titular de Interior respondió a su colega de gabinete que "no hay nada que corregir" y que sus declaraciones "solo molestan a los que no conocen el asunto".
Valls insistió en que hay que proseguir desmantelando los campamentos de gitanos que hay en diversas ciudades francesas porque "suponen un problema para los vecinos y para los que los ocupan", desde el punto de vista "sanitario y de seguridad".
Diversas organizaciones humanitarias y judiciales, como la Liga de Derechos Humanos o el Sindicato de la Magistratura, tacharon las declaraciones de Valls de "intolerables" y consideraron que "estigmatizan a un segmento de la población".
Al tiempo, indicaron que contribuyen a identificar de forma "infundada" a "los culpables por sus orígenes étnicos".
Las polémica sobre las declaraciones de Valls se producen a seis meses de las elecciones municipales en Francia, en las que, según los sondeos, el ultraderechista Frente Nacional tendrá un resultado histórico haciendo campaña sobre la seguridad y en contra de los extranjeros.
En este sentido, la comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, achacó la polémica a la proximidad de las municipales y acusó a Francia de no hacer el trabajo de integración pese a contar con una ayuda europea para ello.
"Existen unas reglas europeas, firmadas por Francia, de libre circulación de ciudadanos europeos. Y no son gitanos, son individuos. Solo una decisión de justicia puede permitir su evacuación si han hecho algo que va contra las leyes del Estado", indicó Reding.
La eurocomisaria, que se mostró ya muy crítica en 2010 contra el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, por su política de expulsión de gitanos, reveló que Europa ha puesto a disposición de los Estados 50.000 millones de euros para la integración de esta población pero que "no son utilizados". "No se hace el trabajo de integración. Hemos puesto el dinero encima de la mesa, debería de servir a los alcaldes y no es usado", señaló.
La organización Amnistía Internacional (AI), por su parte, publicó hoy un informe en el que destaca que Francia no respeta sus compromisos internacionales en términos de expulsión de gitanos.
Según la organización, el ritmo de evacuaciones, que se había frenado ligeramente tras la llegada de los socialistas al poder, ha vuelto a acelerar en los últimos meses.
"En el primer semestre de 2013, 10.174 gitanos han sido evacuados, un número récord desde 2010. Una vez expulsados, se encuentran sin un techo y se ven obligados a instalarse en otros campamentos", indicó el responsable de operaciones para Europa y Asia central de AI, John Dalhuisen.
