caracas. A falta de cinco días para los comicios presidenciales de Venezuela, el Gobierno aseguró estar tras la pista de grupos de mercenarios que quieren desestabilizar al país, mientras la oposición reiteró que el oficialismo viola la ley electoral y advierte que no permitirá alteración de los resultados.

Los principales candidatos, el presidente encargado, Nicolás Maduro, designado por el gobernante fallecido Hugo Chávez como su elegido para sucederle, y el líder opositor Henrique Capriles, mantuvieron el desenfrenado ritmo de campaña con visitas a diferentes estados del país donde reiteraron acusaciones.

La campaña electoral, que ha pasado por diferentes etapas en las que se han usado herramientas religiosas, insultos y promesas, ahora transita por denuncias y acusaciones que han tensado aún más el ambiente previo al proceso de comicios.

Capriles no descarta fraude Capriles se negó ayer a firmar un pacto propuesto por el oficialismo para reconocer los resultados del próximo domingo y, en su lugar, suscribió un texto propio de respeto a "la voluntad soberana" y de vigilancia ante "cualquier violación" de resultados. También acusó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de ser "negligente" ante las supuestas violaciones que el oficialismo ha cometido a lo largo de la campaña electoral y señaló que su comando ha consignado más de 100 denuncias ante este organismo sobre abusos del candidato de Gobierno y sus encargados de propaganda.

El líder opositor, de 40 años, que ayer se presentó en los estados Sucre y Carabobo dijo que junto a sus testigos de mesa estará "vigilante" a todo el proceso de votación para denunciar ante el país y ante la comunidad internacional cualquier violación o alteración que pretendieran realizar a los resultados electorales.

Advirtió de que no aceptará "ventajismo ni actuaciones impropias" por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en su labor de velar por la seguridad de los centros de votación. La jornada también estuvo aderezada por el cierre de la frontera de Venezuela con Colombia como medida preelectoral lo que la oposición calificó como un acto "arbitrario".

Desde el Gobierno las acusaciones estuvieron concentradas en un supuesto plan desestabilizador orquestado "por la derecha de El Salvador" y la oposición venezolana que habrían enviado grupos de mercenarios al país con la intención de asesinar a Maduro, perpetrar homicidios "en serie" y sabotear el sistema eléctrico.