Ginebra. Militantes yihadistas procedentes de un número indeterminado de países y con una agenda propia están radicalizando el conflicto armado en Siria, con una creciente violencia sectaria en la que ambas partes, el Gobierno de Bachar el Asad y la oposición armada, siguen cometiendo crímenes de guerra. Así lo afirmó ayer la comisión independiente de investigación auspiciada por la ONU que ha documentado las violaciones de los derechos humanos cometidas en Siria durante los últimos 18 meses y que a finales de mes debería ver renovado su mandato. "La comisión confirmó la presencia creciente de elementos extranjeros, incluyendo militantes yihadistas, en Siria. Algunos se unen a las fuerzas antigubernamentales mientras que otros establecen sus propios grupos para actuar de forma independiente", anunció hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el presidente de la comisión, el brasileño Paulo Sergio Pinheiro.
Califato de Damasco En una posterior conferencia de prensa, Pinheiro no identificó a estos grupos ni su procedencia, limitándose a hablar de "gente que intenta resucitar el Califato, que emite fatuas (decretos religiosos)" y de "grupos radicales islamistas y fundamentalistas". La comisión, que sigue sin tener acceso a Siria, ha comprobado que la presencia de "estos elementos lleva a los combatientes antigubernamentales a asumir posiciones mucho más radicales", lo que se ha traducido en un "aumento dramático" de las tensiones sectarias, particularmente en las provincias de Latakia e Idilib.
El jurista brasileño hizo hincapié en el sufrimiento de los civiles, que no sólo se encuentran entre fuego cruzado, sino que son objetivo específico de las fuerzas de seguridad. El informe también acusa a los grupos armados de oposición de graves violaciones de derechos fundamentales, aunque matiza que sus crímenes "si bien son serios, no alcanzan la gravedad, frecuencia y escala de aquellos cometidos por las fuerzas gubernamentales", dicen.
