Oslo. El tribunal de Oslo condenó ayer al ultraderechista Anders Behring Breivik a 21 años de prisión prorrogables, la pena máxima y que puede equivaler a una cadena perpetua, al considerarlo penalmente responsable de los atentados de hace un año en Noruega, en los que murieron 77 personas. El veredicto fija una pena de custodia -figura legal que permite al tribunal prolongar cada cinco años la permanencia en prisión del reo, una vez cumplida la condena- a causa de la "crueldad" de los atentados y de la necesidad de proteger a la sociedad ante la amenaza que constituye Breivik, explicaron los jueces.

En la lectura del fallo, que duró seis horas, el tribunal justificó la sentencia en que Breivik es un "fanático extremista" y no un enfermo mental, de ahí que sea penalmente responsable y deba ir a la cárcel, no a un psiquiátrico como solicitaba la Fiscalía basándose en el primer examen que se le practicó. El tribunal fue crítico con ese informe, que concluía que Breivik se encontraba en estado psicótico al cometer los atentados y que padece una esquizofrenia paranoide, un diagnóstico que no comparten los otros especialistas que lo han observado durante meses ni el personal de la cárcel ni los policías que lo han interrogado.

Su principal error fue no considerar las ideas de Breivik en el contexto político de ultraderecha, bajo cuya óptica toman sentido lo que consideraban delirios de grandeza y otros supuestos síntomas de esquizofrenia. Que Breivik fuera capaz de moderar sus opiniones en los sucesivos interrogatorios y en el segundo informe demuestra que no padece psicosis, ya que en ese caso ocurriría lo contrario, señaló la juez principal, Wenche Elizabeth Arntzen. El tribunal no cree en la existencia de la red de Caballeros Templarios, pero eso no muestra un problema de tipo psicótico, sino que puede deberse a una búsqueda de legitimidad, a intentar provocar miedo o reclutar gente.

Su tendencia a la "fantasía" y a la "excentricidad" apuntan a rasgos "narcisistas y disociales", según la sentencia, aunque eso es irrelevante a la hora de decidir su responsabilidad penal. El fallo es firme, ya que ninguna de las dos partes apelará el veredicto. Breivik, quien fue interrumpido por Arntzen cuando pretendía pronunciar un discurso, acabó afirmando que no recurrirá, después de declarar que no podía ni aceptar ni rechazar el dictamen porque no reconoce la autoridad de un tribunal "nombrado" por quienes apoyan el multiculturalismo.

El juicio ha sido para Breivik una lucha por ser declarado responsable penalmente, aunque como mera formalidad había pedido su puesta en libertad, ya que considera que actuó en "estado de necesidad" para defender a su pueblo frente a la "amenaza islámica". Tampoco apelará la Fiscalía, según un comunicado del fiscal general Tor-Aksel Busch. "Estamos de acuerdo en lo jurídico, lo que pasa es que el tribunal ha analizado los hechos del caso de forma distinta", afirmó la fiscal Inga Bejer Engh, aludiendo a que la petición subsidiaria de la Fiscalía era también una condena de 21 años de custodia.

El veredicto cierra la tragedia nacional que supuso el doble atentado del 22 de julio de 2011, que comenzó cuando Breivik hizo estallar una furgoneta bomba en el complejo gubernamental de Oslo, matando a 8 personas. Justo después se trasladó en coche a la isla de Utoya, al oeste de la capital, donde cometió una matanza en el campamento de las Juventudes Laboristas (AUF), al causar 69 víctimas. "Un hombre intentó eliminar a una generación de AUF y nos ha afectado con dureza, pero no consiguió derrotarnos", dijo su secretario general, Eskil Pedersen.

Según un cálculo provisional del tribunal de Oslo, el coste del proceso para las arcas del Estado asciende a más de 170 millones de coronas noruegas (23 millones de euros), incluidos los gastos de la defensa y de los representantes de las víctimas, así como la reforma del edificio y las medidas de seguridad. Los atentados han tenido también un coste político para las autoridades, que han provocado de forma directa o indirecta las dimisiones de un ministro, la jefa de los servicios de inteligencia y el máximo responsable de la Policía, Oystein Mæland. Este renunció hace una semana, poco después de que una comisión independiente creada por el Parlamento presentase un informe que criticaba la cadena de errores de la actuación policial y su tardanza, así como la descoordinación del Gobierno, a los que culpaba de la dimensión de la tragedia.