Madrid. Los cuatro aviones de combate F-18 que salieron el sábado desde Torrejón de Ardoz hasta la base italiana de Decimomannu están ya operativos e integrados en el dispositivo aliado y tienen autorización para abrir fuego durante las patrullas que contribuirán a la creación de la zona de exclusión aérea sobre Libia avalada por la ONU. Así lo explicó ayer el comandante jefe del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, teniente general Jaime Domínguez Buj, tras participar en una reunión de seguimiento del despliegue español en Libia, que estuvo presidida por la ministra Carme Chacón.
En esta linea, desde el Gobierno español resaltaron la "plena legitimidad y legalidad" de su decisión de colaborar en la operación internacional contra el régimen del líder libio, Muamar el Gadafi, y rechazaron cualquier tipo de comparación con la intervención que en su día hubo en Irak. Así, destacaron que han considerado en todo momento como una condición indispensable para la intervención en Libia que la ONU concediese su aval, algo que se hizo efectivo con la aprobación de la resolución 1973. A partir de ahí, "España no puede dar la espalda a la comunidad internacional y menos en un territorio como el Mediterráneo", recalcaron las fuentes, que se mostraron convencidas de que los ciudadanos entienden la decisión del Ejecutivo. En esta linea, desde el Gobierno de Zapatero subrayaron que "no hay el más mínimo atisbo" de incumplir la legalidad con su decisión de enviar varios aviones de combate a la misión en Libia sin que haya obtenido previamente el visto bueno del Parlamento.
En ese sentido, recuerda que el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional señala que "en las misiones en el exterior que requieran una respuesta rápida a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización (del Congreso) se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos". Así, continúa el artículo, "cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación en su caso". En este sentido, será mañana cuando el presidente español comparecerá en el Congreso para lograr ese aval a la decisión de embarcarse en la misión de Libia.