Roma. El Tribunal Constitucional italiano invalidó ayer algunos de los puntos esenciales de la polémica ley del legítimo impedimento, a la que el primer ministro Silvio Berlusconi se había acogido hasta ahora en reiteradas ocasiones para no acudir a declarar en los procesos judiciales que tiene pendientes. Con doce votos a favor y tres en contra, el alto tribunal anuló parcialmente la norma e interpretó algunos de sus puntos, con un fallo que, esencialmente, deja a discreción de los jueces el evaluar en cada caso si existe o no un legítimo impedimento que justifique la ausencia del mandatario y los ministros de las vistas. El Constitucional puso fin al automatismo con el que los jueces debían aceptar el alegato de legítimo impedimento, siempre que el compromiso estuviera relacionado con las funciones del Gobierno, y que permitía aplazar una vista hasta seis meses.

De este modo, el Constitucional abre la puerta a que se retomen los procesos en los que Berlusconi está imputado por corrupción judicial y fraude fiscal, los conocidos como caso Mills y caso Mediaset, que habían quedado suspendidos a la espera del fallo de ayer.

En ambos procesos, Berlusconi se acogió a un "legítimo impedimento" para no acudir a las vistas, lo que llevó a los respectivo tribunales a pedir la intervención del Constitucional, al considerar que la norma violaba dos artículos de la Carta Magna. A la espera de la decisión conocida ayer, también había quedado suspendida la audiencia preliminar en la que se iba a decidir si se enviaba a juicio al jefe del Ejecutivo italiano por apropiación indebida y fraude fiscal en el llamado caso Mediatrade.

la sombra de la prescripción Desde distintos sectores se advierte, no obstante, de que sobre dichos procesos pesa la sombra de la prescripción, puesto que algunos de los jueces encargados de los casos han cambiado de puesto o de tribunal, lo que podría suponer tener que reiniciar los juicios desde el principio.

Pese a esta sombra, el dictamen de ayer puede considerarse un nuevo revés al primer ministro italiano, como señaló la portavoz del opositor Partido Demócrata (PD), Anna Finocchiaro, que señaló que "ha saltado la base de la ley".

Desde Futuro y Libertad (FLI), que agrupa a parlamentarios que iniciaron esta legislatura dentro del partido de Berlusconi, el diputado Fabio Granata expresó su deseo de que el primer ministro no vuelva a arremeter ahora contra la magistratura, a la que en numerosas ocasiones ha tachado de ser un órgano de la izquierda. En contraste, los abogados de Berlusconi opinaron que la base general de la norma ha sido reconocida como "válida" y "eficaz" y por ello se mostraron "satisfechos", aunque criticaron que con su decisión la Corte puede entorpecer la labor de Gobierno.

Con la decisión de ayer, Berlusconi ve como se debilita el "escudo judicial" concebido de forma temporal (se aprobó por un período de 18 meses el pasado abril) a la espera de que el Parlamento diera luz verde un nuevo Lodo Alfano, la ley que otorgaba inmunidad a los máximos altos cargos del Estado y cuyo primer texto fue invalidado en octubre de 2009 por el Constitucional.

La aprobación de un nuevo Lodo Alfano se presenta ahora más complicada, ya que el primer ministro ha perdido la mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados.