londres. Reino Unido anunció ayer que indemnizará a 16 ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron al Gobierno británico por su supuesta complicidad en las torturas que sufrieron en Guantánamo y otros centros de detención al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con los abogados de los denunciantes.

Así lo señaló ayer el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica "admisión de culpabilidad" por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, "ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación".

Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo.

La alternativa a al pago de compensaciones que realizará el Ejecutivo británico a los 16 ex reclusos podría haber "comprometido la seguridad nacional" y habría resultado, según explicó ayer el titular de Justicia, en un proceso "largo y extremadamente caro", con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de libras (entre 35 y 58 millones de euros). "Hemos pagado ese dinero para poder avanzar", subrayó Clarke sobre un acuerdo que representa, a la vez, "un paso adelante significativo para poner en práctica los planes del Gobierno de llegar a una resolución en estos asuntos por el interés de la Justicia y de la seguridad nacional".

cameron contra la tortura El primer ministro británico, David Cameron, "ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos", según apuntó ayer Clarke.

Por su parte, los servicios de inteligencia británicos, el MI6 y MI5, que negaron en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura, consideraron que el acuerdo anunciado permitirá a ambos organismos "concentrarse en la protección de la seguridad nacional", según indicaron.

Entre los ex reclusos que denunciaron al Gobierno por esos maltratos figuran Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga.

Por su parte, la directora del programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional, Nicola Duckworth, advirtió ayer que la compensación económica "puede ser una parte importante del derecho a reparaciones de quienes son víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, pero es sólo una parte".