París. Si alguien pensaba que el presidente francés, Nicolás Sarkozy, se contentaría con las disculpas expresadas a Francia de forma bilateral por la vicepresidenta y comisaria de justicia, Viviane Reding, en torno a la expulsión de gitanos es que no lo conoce absolutamente nada. El mandatario galo aprovechó la cumbre extraordinaria celebrada ayer en Bruselas para confirmar que Francia seguirá desmantelando campamentos ilegales y, sobre todo, para cargar con toda su munición contra la luxemburguesa, por sus declaraciones del pasado martes en las que comparó la situación actual en Francia con la segunda guerra mundial.
"No se habla así entre socios europeos. Son declaraciones profundamente hirientes y mi deber como jefe de Estado es defender a Francia", advirtió sobre unas palabras que le parecieron "asquerosas" y "una vergüenza". En plena forma dialéctica, Sarkozy dio ayer rienda suelta a todo lo que pensaba sobre el debate de los gitanos. Lo dejó bien claro desde su primera respuesta durante la rueda de prensa posterior a la cumbre. Pese a los intentos de los periodistas por cortarle, estuvo hablando ininterrumpidamente sobre la polémica durante más de diez minutos. Un Consejo Europeo que ayer, por primera vez en dos años y desde la caída del banco Lehman Brothers, dejó en un segundo plano la crisis económica.
Además, y por si había dudas, Sarkozy aclaró que "en nuestro territorio vamos a continuar desmantelando campamentos ilegales sin ninguna distinción de raza o de cultura". También dijo que lo harán respetando el derecho comunitario, que la libre circulación no quiere decir que puedan pasar de un país a otro e instalarse donde uno quiera y recordó que los ciudadanos tienen derecho de residencia en la UE "siempre que cuenten con recursos financieros suficientes y respeten el orden público".
Todo esto ante la prensa. Sin nadie para rebatirle. Pero en la sala del Consejo Europeo fue diferente. Pese a que la discusión de los Veintisiete se centró esencialmente en las relaciones exteriores de la UE y la economía, también hubo tiempo para hablar del asunto que ha ensombrecido las relaciones entre París y Bruselas. Fue durante el almuerzo, durante algo más de media hora. En este lapsus de tiempo se vivió un tenso debate como pocas veces se ha vivido. "No se han lanzado los platos ni los cuchillos pero a estos niveles ha sido una discusión violenta", explicaron ayer fuentes del Consejo. En este pequeño ring, dos protagonistas de excepción. Sarkozy por un lado, y el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, por otro. El primero defendió su derecho como estado soberano a actuar como le parezca. Barroso su derecho como guardián de los tratados a investigar y a hacer que la legislación europea se cumpla.
"Violento" enfrentamiento El resultado fue un "violento" enfrentamiento, según calificó ayer el primer ministro búlgaro Boyko Borissov, mientras que para la canciller Angela Merkel simplemente fue un debate en el que ambos dirigentes se dijeron todo lo que se tenían que decir. Aclaradas las cosas ninguno de los dos quiso dar detalles sobre el tono de sus palabras. "Me he limitado a reiterar la posición que expresé la víspera, muy claramente, en nombre de toda la Comisión Europea", explicó ante la prensa Barroso. Sarkozy también rechazó la existencia de bronca. "No señor. Si ha habido alguien que ha guardado la calma y se ha abstenido de comentarios excesivos ese he sido yo", aseguró.
Bronca o no, lo cierto es que el mandatario galo se vio obligado a dar explicaciones a sus socios europeos. Aseguró que desde que pusieron en marcha su política de tolerancia cero han desmantelado 355 campamentos y evacuado a 23.000 personas, la mayoría franceses. También alegó que la polémica circular del pasado 5 de agosto en la que se ordenaba priorizar el desmantelamiento de campamentos gitanos fue firmada por un funcionario y que cuando supo de su existencia fue reemplazada. Precisamente, el documento que el pasado martes desató la rabia de la comisaria, que dijo sentirse engañada por las autoridades francesas.
De momento, la única víctima en todo este entuerto político parece ser la comisaria Reding, que ayer recibió la censura generalizada de los líderes europeos por sus desatinadas palabras, mientras que Sarkozy logró una declaración del Consejo Europeo en el que todos los socios le reconocen al Gobierno francés que "un estado miembro tiene el derecho a tomar medidas para hacer respetar el estado de derecho en su territorio". El resultado, de momento, es que Bruselas seguirá investigando y que París tendrá que presentar por escrito nuevas explicaciones.