El locuaz ministro español de Transportes y otras hierbas, Óscar Puente, ejerció de oráculo el pasado lunes. “Las comisiones de investigación sobre las mascarillas en las Cortes están abocadas al fracaso”, aseguró, para pasmo de propios y extraños ante el hecho de que una de ellas, la del Congreso, la había impulsado su propio partido.
Es más, casi al mismo tiempo que propagaba su vaticinio, el PSOE había consensuado con la mayoría de sus socios una extensa lista de comparecientes ante el órgano fiscalizador. Entre los nombres de postín, se incluían el fiscal jefe anticorrupción y otros dos fiscales europeos.
Pero esa tripleta se ha caído de la convocatoria. Después de que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, pusiera el grito en el cielo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha mandado parar a sus propias huestes parlamentarias. Esas tres citaciones, así como la de cualquier togado, serán revocadas. Y punto pelota.
Intocables
El motivo esgrimido por Bolaños recuerda al refrán “Lo dijo Blas, punto redondo”. “No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y el mismo principio vale para los fiscales”, pontificó ayer el sumo fontanero de Moncloa y Ferraz.
Es decir, que, volviendo al principio de estas líneas, parece probarse el augurio de Puente. Las tales comisiones van a ser una entretenedera de la que quedan exentos algunos de los testimonios que más luz pudieran arrojar. Ello, en función de un principio que, nos lo expliquen como nos lo expliquen, resulta meridianamente claro. Los miembros de la judicatura y aledaños están por encima del común de los mortales.Tampoco estamos ante algo nuevo. Ya el mismo PSOE impidió que se llamara a jueces y fiscales en las comisiones de investigación sobre la Operación Cataluña, el espionaje a través del programa Pegasus y los atentados yihadistas de Barcelona.
Lo significativo es que los letrados del Congreso tienen claro que cualquier persona llamada a declarar debe hacerlo, independientemente de su rango. Si la misma presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, no se va a librar, ¿por qué otros sí? Ahí queda la pregunta.
