C uesta imaginarse un segundo ‘no’ de Junts al proyecto de ley de amnistía, que sería prácticamente la puntilla a la norma. Pero también nos quedamos con los ojos como platos el pasado 30 de enero, cuando los liderados por Puigdemont desbordaron todas las expectativas y provocaron la devolución del morlaco a toriles. Ojo, pues, que el precedente ya está establecido.

Lo que ha ido ocurriendo en los 16 días que han pasado desde la jornada de autos tampoco invita al optimismo. Paradójicamente, quizá ese sea el mayor motivo de esperanza. Últimamente, igual en la política de nuestro terruño que en la española, sucede lo no previsto. Basta citar la precipitación de relevos generacionales en la demarcación autonómica, el desalojo de UPN del ayuntamiento de Iruñea o, volviendo a Madrid, la reválida del gobierno de Sánchez, que se daba por imposible hasta las ocho de la tarde de las elecciones del 23 de julio.

Habrá que confiarse, por tanto, a los dioses de lo inesperado. O a la también demostradísima capacidad del presidente del Gobierno español de salvarse en el último segundo a costa de empeñar hasta la camisa.

Por la puerta de atrás

La dificultad radica esta vez en que el PSOE, seguramente porque el fregado le ha cogido en plena campaña electoral gallega, ha difundido la especie de que no estaba dispuesto a tocar una coma del proyecto que vuelve al Congreso el próximo miércoles. Así las cosas, todas las propuestas de Moncloa y Ferraz para desencallar el transatlántico han consistido en rodeos o entradas por la puerta de atrás, como hacerle una ñapa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para neutralizar a los jueces empeñados en meter en la cárcel a unos cuantos.

Si tal movimiento ya resultaba muy poco delicado, todavía lo es menos prometer un indulto a quienes no se beneficien de la amnistía. Según un conseller de la Generalitat, esa es la oferta que tiene ahora mismo Junts sobre la mesa. Aparte del olfato a ilegalidad de la fórmula, su concreción implicaría que determinadas personas aceptasen sentarse en el banquillo y, probablemente, pasar un tiempo en prisión.

Si ese es el precio, Puigdemont no estará dispuesto a pagarlo. Está complicada la cosa.