- Algo era ello. El campechano emérito aceptó hace unas semanas mantener su exilio dorado en el golfo pérsico para no incomodar a su hijo con su nociva presencia en España. Pero había otra razón. Abu Dhabi está más lejos de Londres que Madrid. Y, desde luego, la justicia de los Emiratos (si es que cabe aplicarle tal nombre) se lo iba a poner más complicado a la británica que la española (incluso) en el caso de que prosperase el intento de la examante del rey viejo para que fuera juzgado por acoso en los tribunales del Reino Unido. La cuestión es que, efectivamente, la querella ha salido adelante. Juan Carlos de Borbón tendrá que responder ante los magistrados de las islas por las gravísimas acusaciones de la receptora de sus multimillonarios regalos. Hablamos, ahí es nada, de amenazas, vigilancia electrónica y seguimientos, según consta en la denuncia que ha ido pasando pantallas y ahora deberá (o sea, debería) sustanciarse en una corte de justicia de su graciosa majestad Isabel II.

- Más allá de si finalmente veremos tan sugerente imagen, resulta de lo más interesante la argumentación del juez Matthew Nicklin para establecer que “ninguno de los fundamentos para defender la existencia de inmunidad de Estado ha logrado demostrarse”. Fíjense qué diferencia con las motivaciones de la Fiscalía española para dar carpetazo hace unas semanas a las investigaciones sobre los múltiples pufos del padre de Felipe VI. Para más inri, como contaba ayer Rafa de Miguel en El País, el magistrado ha tenido que llegar a esa conclusión después de que las diferentes instancias españolas a las que se dirigió fueran incapaces de darle respuesta a una pregunta muy simple. “Me sentiría mucho más cómodo si el Estado español pudiera confirmarme que Juan Carlos I sigue siendo un miembro de la Familia Real. No me gustaría tener que entrar en un terreno de Derecho Constitucional español en el que no me siento a gusto”, dijo el juez.

- Pero al final, Nicklin no ha tenido más remedio que hacerlo, y ha dictaminado que el Borbón mayor no tiene inmunidad de Estado desde el momento de su abdicación. El razonamiento es irrebatible y debería sonrojar a los estamentos de la Justicia española que han dejado que el tipo se vaya de rositas: “Si aceptara ese argumento, mañana el acusado podría entrar en una joyería de Hatton Garden y robar un anillo de diamantes. Y no debería hacer frente a ningún proceso penal o civil en esta jurisdicción”. Sin embargo, sí podría robar en una joyería de la Castellana sin ninguna consecuencia.