- En el primer bote no suena mal: juzgar los crímenes del franquismo sorteando el muro de la ley de Amnistía de 1977. Una intención loable. El problema llega solo un segundo después de haber celebrado el titular. ¿De verdad es legalmente posible? Ya he visto que algunos de esos juristas que lo miran todo a través de sus gafas ideológicas sostienen que por supuesto. Muchos otros, incluso de indudable marchamo progresista, enfrían las expectativas. Se trata de un quíntuple tirabuzón prácticamente imposible. Cuando las iniciativas para perseguir a los autores de las tropelías no se den de morros con la norma del 77, lo harán con la Constitución, principios de legalidad básicos o con todo al mismo tiempo. Parece bastante lógico incluso para los que tenemos nociones muy básicas de Derecho. Eso, sin contar con lo que la propia biología impone. La inmensa mayoría de los criminales llevan mucho tiempo criando malvas.

- Es lo que tiene andar tan tarde. Mañana se cumplirán 46 años de la muerte del dictador. Hasta 2007, los sucesivos gobiernos españoles -¡con la anuencia del partido mayoritario de la oposición que tocara!- dejaron caer tierra sobre el asunto. Incluso la ley de Memoria Histórica de Zapatero no ha rendido más que frutos simbólicos en los casi tres lustros que lleva en vigor. ¿Estoy queriendo decir que tenemos que arrojar la toalla y, como exigen al fondo a la derecha, poner el punto final a las atrocidades del franquismo y del posfranquismo? Claro que no. Solo anoto que debemos hacer un diagnóstico de situación realista para no volver a recibir el mazazo de la decepción, que demasiadas llevamos ya. Me temo que prometer lo que se sabe que no se podrá cumplir no es el mejor punto de partida. Mucho menos, si estas enmiendas han sido arrancadas no por convicción sino por necesidad aritmética de Pedro Sánchez.

- Puesto que el paso de cada hoja de calendario nos lo pone más difícil, procede actuar rápido y con pragmatismo. Lo primero es la reparación de las víctimas y sus familias. Inmediatamente después hay que dejar negro sobre blanco para las generaciones del futuro el inventario de las vulneraciones junto al nombre y apellidos de sus responsables. ¿Ante un tribunal? Si fuera viable, perfecto. Si no, que por lo menos quede constancia del qué y de los quiénes. Creo que es lo mínimo que se merecen los que padecieron las conculcaciones. Y esto debería valer no solo para este sino para todos los ejercicios de memoria pendientes. ¿O no?