Las tres personas pakistaníes detenidas por reclutar ilegalmente a 34 compatriotas para obras en Cantabria, Asturias y País Vasco han quedado en libertad aunque no podrán salir de España.
Lo ha decidido así el titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander, en funciones de guardia este jueves, después de que los investigados hayan pasado a disposición judicial y se hayan acogido a su derecho a no declarar.
El magistrado también ha acordado la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado.
El juez no ha resuelto sobre la prisión provisional porque el ministerio fiscal, única parte acusadora personada en la causa, no ha solicitado esa medida, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.
De lo manifestado a la Guardia Civil por algunos de los trabajadores se desprende que la organización exigía a ciudadanos pakistaníes 30.000 euros "para conseguirles contratos de trabajo en España, favoreciendo la inmigración ilegal"
Los hechos por los que se han incoado las diligencias constituirían dos delitos penales contra los derechos de los trabajadores extranjeros, cuyas penas son de prisión de tres meses a un año, y de seis meses a seis años.
Por otro lado, está previsto que el viernes el instructor tome declaración a cuatro de las víctimas de este procedimiento, las que se encuentran actualmente en Cantabria.
30.000 EUROS PARA UN CONTRATO
El auto judicial explica que los tres investigados formarían parte de una organización dedicada a suministrar mano de obra ilegalmente a empresas constructoras en el norte de España, "presentando su principal nivel de actividad en el partido judicial de Santander".
En Cantabria, se han llevado a cabo registros y se han detectado personas pakistaníes que trabajaban explotadas en Santander, Cartes, Piélagos y Bezana.
De lo manifestado a la Guardia Civil por algunos de los trabajadores se desprende que la organización exigía a ciudadanos pakistaníes 30.000 euros "para conseguirles contratos de trabajo en España, favoreciendo la inmigración ilegal".
Al parecer, les facilitaban "viviendas que carecen de habitabilidad para venir a trabajar" al país, "con horarios laborales superiores a los establecidos legalmente o por convenio y sin dar de alta en la Seguridad Social"
Al parecer, les facilitaban "viviendas que carecen de habitabilidad (en ocasiones sin luz ni agua corriente) para venir a trabajar" al país, "con horarios laborales superiores a los establecidos legalmente o por convenio y sin dar de alta en la Seguridad Social".
CONSEGUÍAN OBRAS Y DISTRIBUÍAN A LOS TRABAJADORES EN VEHÍCULOS.
La mujer de uno de los detenidos -también investigada- manifiesta en su declaración que solo es ama de casa y que desconoce las actividades de su marido, pero fue arrestada "mientras conducía una furgoneta minutos después de haber dejado a dos trabajadores en una obra".
Añade el auto que todos los empleados que han sido identificados carecen de contrato laboral y que durante la operativa de investigación se identificó en dos ocasiones a trabajadores 'in itinere' que mostraron documentos que llevaban en sus teléfonos móviles y que correspondían a terceras personas.
GRAVEDAD DE LOS HECHOS
Por todo ello, "a la vista de la gravedad de los hechos denunciados", el magistrado acuerda como medida cautelar que los tres investigados se presenten ante el órgano judicial cada quince días.
Además, "pese al arraigo en España de todos ellos", ya que dos están en situación regular y uno está nacionalizado español, "tienen vínculos e intereses en el extranjero, singularmente en Pakistán, su país de origen", por lo que acuerda imponer la medida cautelar de prohibición de salida del país.
