Comienzan los paros en el sector de Intervención Social de Álava

Este miércoles los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK han convocado paros de tres horas por turno, de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, en el sector de Intervención Social de Araba, que pasarán a ser de huelga completa los días 4 y 5 de febrero, si no hay avances en la mesa negociadora del 29 de enero, ya que desde que hace ya 11 meses que se constituyó la del IV convenio del sector "han sido muy escasos”. 

Por ello, los cuatro sindicatos con presencia en el sector acordaron, tras contrastar con la plantilla, reivindicar la equiparación salarial y las condiciones laborales con las de las trabajadoras del sector público.

MIL TRABAJADORAS

Poco antes de las once de la mañana dos de los representantes sindicales, Pedro Domínguez (CCOO) y Jabier Sáenz (ESK) han explicado este conflicto a los medios, frente a la Diputación.

"Este sector se compone de más de mil personas trabajadoras a día de hoy, que trabajan la mitad bajo empresas con ánimo de lucro, algunas de ellas multinacionales, que se enriquecen de la subcontratación de los servicios sociales públicos, y la otra mitad trabaja para las asociaciones y fundaciones que componen la patronal AISA, que son entidades sin ánimo de lucro que gestionan el resto del sector". 

Atienden a miles de personas en todo Gasteiz y en todo Álava. "Hablamos de menores en situación de desprotección, de familias en situación de riesgo, de personas con enfermedades mentales, personas con problemas de drogodependencias y un amplio abanico de centros y servicios prácticamente inabarcable”.

Sin embargo, denuncian que la subcontratación con diferentes empresas ha provocado "la situación actual", marcada "por una inaceptable brecha salarial con quienes realizan el mismo trabajo directamente para el sector público".

Censuran también que la subcontratación se emplea para “precarizar las condiciones laborales y pagar peores salarios a quienes sostienen los servicios públicos". 

"CHANTAJISTA"

Pese a sus demandas de mejora, denuncian que la patronal AISA no ha respondido a las reivindicaciones, planteando tratar “unas pocas cuestiones y realizando un planteamiento chantajista durante toda la negociación, lleno de bandazos y con voluntad de tratar solamente unas pocas cuestiones (salarios y pluses, jornada, seguridad y salud, medidas para favorecer la igualdad y no discriminación de las personas LGTBIQ+, que son obligatorias de abordar y una modificación del complemento de bajas que empeora la cobertura a las bajas largas). 

28 MEJORAS

Han concretado que los cuatro sindicatos, tras recoger las propuestas de las plantillas, plantearon mejoras en 28 aspectos del convenio, “de los cuales 10 no tienen coste económico alguno. La patronal ni siquiera ha dado respuesta en 11 meses a esas 10 materias, lo que es absolutamente inaceptable”. 

De ahí que hoy comenzaran estos paros, bajo un acuerdo de servicios mínimos alcanzado el lunes en Gobierno Vasco, “en una reunión promovida por los sindicatos a la que la Diputación no tuvo la decencia de acudir”.

Tras estas declaraciones, a las once, ha salido una manifestación, bajo el lema Por un sistema público de cuidados, rumbo hacia la sede del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), en la calle San Prudencio. 

A las cuatro y media de esta tarde, comenzarán a “difundir” el conflicto, con reparto de pasquines en la Plaza Nueva.

Los sindicatos confían en que estas protestas supongan un avance "con paso firme hacia la equiparación, sin renunciar a subidas salariales dignas y mejoras estructurales que dignifiquen las condiciones laborales”.

Y avisan que “que no vamos a parar hasta conseguir el convenio que se merecen las trabajadoras del sector”.

"LIMITADA"

Por su parte, desde la Diputación matizan que a los sindicatos con los que el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, ha tenido la posibilidad de reunirse, trasladó que la capacidad de la Diputación "es limitada", puesto que la Ley de la desindexación establece que las administraciones públicas “no podemos pagar a las entidades que conveniamos o contratamos incrementos salariales por encima de los incrementos salariales establecidos para el funcionariado público”. 

Y que ahora ya existe un acuerdo en el empleo público para los próximos años. “De aquí al 2028 hay un incremento acumulado del 11% y ese es el máximo que podemos aceptar desde la administración pública, porque no hay otra interpretación y además el Departamento de Políticas Sociales no tiene ninguna capacidad para poder cambiar esa interpretación sobre la Ley de desindexación”. 

Así que todo lo que sea por encima del 11% “tendría que ir a riesgo y ventura de las empresas que firmen el acuerdo, evidentemente”. 

“Nos ha costado mucho en estos últimos dos años y medio poder cumplir el convenio colectivo vigente hasta el momento por esta cuestión y ahora ya no hay margen de maniobra. Esto lo hemos dejado muy claro. No quiero engañar a nadie y lo que quiero evidentemente es que todos sepamos cuáles son las capacidades de cada uno de los agentes para mejorar las condiciones laborales, en este caso de la intervención social”, subraya Urtaran.