3 meses para adaptarse a la Zona de Bajas Emisiones en Vitoria

Desde este lunes, la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) es una realidad en Vitoria. Se trata de un área urbana que restringe el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos con el fin de mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación y mitigar el cambio climático.

Así lo ha defendido esta mañana Beatriz Artolazabal, concejala delegada del Departamento de Espacio Público y Barrios, quien afirmó que “damos un paso muy importante en el ámbito de la movilidad sostenible”. Añadió que “este Ayuntamiento lleva mucho tiempo trabajando en políticas de movilidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Vitoria-Gasteiz. Es un proyecto que surge de una obligación legal, pero lo afrontamos con compromiso y con una visión de oportunidad que desde el Consistorio contemplamos y compartimos”.

Tal y como explicó la edil, la ZBE “se ha puesto en marcha en una zona que ya contaba con restricciones importantes”, tanto en el Ensanche como en el Casco Medieval. Por ello, consideró que “no va a tener consecuencias dramáticas para la movilidad en la ciudad, pero sí va a ayudar a mejorar nuestra calidad del aire y nuestra calidad de vida”.

La medida contará con un periodo de adaptación. “Vamos a dar un margen a las personas que no cumplan los requisitos y accedan a esta zona, aunque serán sancionadas”, aclaró Artolazabal. Las multas tendrán las mismas cuantías que en otras capitales del entorno, con posibilidad de pronto pago pasando de 200 euros a 100.

Sin pegatina

El control de accesos se realizará mediante un sistema automático de lectura de matrículas. Casi 40 cámaras instaladas en los principales puntos de entrada comprobarán en tiempo real si un vehículo está autorizado. La edil precisó que “no será obligatorio llevar la pegatina de la DGT, ya que el Ayuntamiento dispone de esta información y puede verificar de forma automática el cumplimiento de la normativa”.

Artolazabal apeló también a la responsabilidad de la ciudadanía, recordando que “tenemos por delante un gran reto que ya vivimos en nuestras carnes con el cambio climático”. Con la puesta en marcha de la ZBE, confía en “reducir emisiones, ganar espacio para peatones, mejorar la calidad del aire y disminuir la contaminación acústica que soportamos en nuestras calles”.

Preguntada por las excepciones y el número de vehículos afectados, la concejala recordó que “cuando empezamos a trabajar con esta medida fuimos conscientes de las consecuencias que tendría, tanto para las personas residentes en el Ensanche y el Casco Medieval como para quienes acuden a trabajar a estas zonas”. Por ello, el Consistorio abrió un proceso de diálogo con comerciantes y asociaciones vecinales para detectar las dificultades que podían surgir.

Doce exenciones permanentes

Como resultado, se aprobaron doce exenciones permanentes que incluyen, entre otros, a personas con movilidad reducida, titulares o arrendatarios de garajes, personas con bajos niveles de renta, profesionales cercanos a la jubilación o vehículos de emergencias, históricos y de servicios esenciales. Asimismo, se establece un año de margen para transportistas y comerciantes, y dos años de adaptación para las personas residentes en el Casco Medieval.

Artolazabal destacó la especial atención a los colectivos vulnerables desde el punto de vista social y económico. “Hemos aprobado excepciones para aquellas personas que, en función del IPREM y del número de miembros de la unidad convivencial, sean consideradas vulnerables. En esos casos, no estarán obligadas a cumplir los criterios de acceso a la zona de bajas emisiones”.

Según los datos del Ayuntamiento, alrededor del 15% de los vehículos podrían verse afectados. “Las personas que tengan un coche de gasolina matriculado antes del año 2000 no podrán entrar. Hablamos de vehículos de 25 años de antigüedad, muy antiguos y muy contaminantes”, señaló la edil.

En definitiva, la entrada en vigor de la primera fase de la ZBE supone un cambio profundo en el modelo de movilidad de la capital alavesa. La reducción del tráfico privado permitirá recuperar espacio público para peatones, bicicletas y transporte público, mejorando la calidad del entorno urbano y fomentando un modelo “más eficiente y sostenible”.