Aunque su despacho, Nomad Legal, está enfocado en derecho digital y asesoría a emprendedores, la abogada vitoriana Yaiza Alzola ha logrado recientemente dos sentencias favorables en un terreno muy distinto: el derecho sancionador.

Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº 1 y 4 de Vitoria-Gasteiz han anulado sendas multas impuestas por el Departamento de Tráfico del Gobierno Vasco a vehículos que se encontraban estacionados sin la ITV en vigor, al considerar que no puede aplicarse la normativa de tráfico cuando no hay circulación. Para Alzola, estas sanciones son un ejemplo claro de cómo determinadas prácticas administrativas vulneran el principio de legalidad, incurriendo en interpretaciones extensivas prohibidas por el derecho sancionador y poniendo en riesgo la confianza ciudadana en las instituciones.

Así, a pesar de que la ley establece únicamente la obligación de notificar al titular para que pase la inspección técnica en un plazo de diez días –y, en caso de no hacerlo, proceder a la baja del vehículo–, esta abogada denuncia que muchas administraciones están imponiendo multas económicas directas, incluso sin que el coche se haya movido del lugar donde estaba aparcado.

Según la abogada, no se trata de casos aislados, y aunque no existen datos oficiales que lo confirmen, la recurrencia de estas denuncias “parece cada vez mayor".

Según la abogada, no se trata de casos aislados, y aunque no existen datos oficiales que lo confirmen, la recurrencia de estas denuncias “parece cada vez mayor.”

El problema, afirma, es que la mayoría de las personas optan por pagar la sanción con descuento por pronto pago en lugar de recurrirla, debido a los costes, tiempos y trabas que supone el proceso judicial, lo que “favorece” una dinámica en la que la administración puede actuar “al margen de la legalidad” sin apenas consecuencias.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Por ello, desde su experiencia profesional, Alzola denuncia una tendencia “preocupante”: un sistema sancionador que penaliza al ciudadano y “fomenta” un ánimo recaudatorio en lugar de velar por el cumplimiento justo de la norma.

“Estas sentencias de los juzgados contencioso-administrativos no se suelen publicar en las bases públicas ni privadas, salvo que las partes las difundan. Pero en conversaciones informales, con la familia o la koadrilla, muchas personas cuentan que también han recibido este tipo de multas. No es una situación excepcional”, explica y añade.

“Este tipo de actuaciones afectan de lleno al Estado de Derecho. La ciudadanía tiene capacidad suficiente para comprender que esas multas no son legales, por lo que percibe que la administración no se ve obligada a cumplir la ley como cualquier otro ciudadano, y eso deteriora gravemente la legitimidad democrática. En un contexto político y social de creciente desafección institucional, esto puede tener consecuencias muy graves”.

“Mi despacho no está especializado en este tipo de procedimientos, y sinceramente, dudo que alguno lo esté, porque económicamente resultan inviables".

“Mi despacho no está especializado en este tipo de procedimientos, y sinceramente, dudo que alguno lo esté, porque económicamente resultan inviables. Desde la responsabilidad, lo que sí aconsejaría a todas las personas es que primero se informen bien y, ante la duda, consulten con un abogado. Pero también creo que es importante advertir que recurrir este tipo de sanciones supone, casi siempre, más esfuerzo y gasto que pagar la propia multa. El recurso administrativo rara vez sirve de algo: las alegaciones suelen ser desestimadas de forma automática. Si se quiere obtener una resolución favorable, hay que acudir a los tribunales. Y eso implica tiempo, costes y riesgos. Aunque a veces se gana, las recientes reformas legales han reducido tanto las costas procesales en este ámbito que ni siquiera cubren el coste real de la defensa jurídica. En definitiva, el sistema penaliza al ciudadano incluso cuando tiene razón”. 

“Tristemente, no recibimos formación a lo largo de nuestra educación en materia legal, y las personas llegan a la vida adulta sin comprender cuestiones básicas. Tampoco parece que las instituciones hagan un esfuerzo por campañas informativas ni de sensibilización sobre estos y otros derechos. Si resultan muy efectivos los servicios de asesoramiento y orientación jurídica públicos, pero son muy pocos y limitados”, valora. “También son muy frecuentes las multas por exceso de velocidad. Muchas son ilegales, porque los radares que no son capaces de seguir y reconocer entre dos carriles deben capturar dos fotogramas. Muchos radares homologados y certificados lo incumplen. La administración lo sabe, y para aparentar legalidad, envían una foto y luego una ampliación de la misma imagen, que no cumple los requisitos legales”, concluye.